Finalmente los otros tres investigados en la causa por el pago de sobreprecios en servicios de comunicación quedaron imputados ayer por la mañana.

El expediente es investigado por el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay, quien el miércoles pasado también imputó al ex hombre fuerte del gobierno de Celso Jaque, el sanrafaelino Alejandro Cazabán, por defraudación en concurso real e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De los tres nuevos imputados, el fotógrafo devenido en empresario Gustavo Mátar y los dos ex directores de Comunicación del gobierno de Celso Jaque, Ricardo Fúnez y Pablo Catania, fueron imputados por administración fraudulenta.

La historia que llevó a las cuatro imputaciones comenzó hace casi dos años, en octubre de 2011, cuando los diputados Roberto Infante, Daniel Dimartino y Alejandro Limas denunciaron ante el fiscal Garay el supuesto desvío de fondos para financiar la campaña electoral del PJ.

En aquellos días, los legisladores de la oposición habían encontrado documentación por la que se probaba el pago de 12 millones de pesos, entre los años 2010 y 2011, a Mátar en carácter de monotributista y a Sur Talent, una empresa de su propiedad. Con esta documentación se presentaron ante Garay, extrañados por el monto de los pagos para contratar los servicios de una productora de video y fotografía.

Con el correr del tiempo, el fiscal empezó a modificar el punto de vista de la investigación. En lugar de analizar el desvío de fondos, empezó a comparar precios de los servicios contratados con otros prestadores y se encontró con que las contrataciones con las que resultaba beneficiado Mátar eran notoriamente más caras que lo que cotizaban otras empresas por el mismo servicio que se detallaba en los expedientes analizados.

Es así que empezó a acumular más expedientes de contrataciones y en todos encontró empresas que cobraban entre 60% y 80% menos que el controvertido empresario del sur. de acuerdo a los datos que han trascendido de la investigación, Mátar (que compró al grupo Vila-Manzano el Canal 6 de San Rafael hace poco) habría cobrado más de 30 millones de pesos del Estado entre 2010 y 2011 por filmaciones, el alquiler de camiones de exteriores, fotografías, diseño y creatividad de piezas comunicacionales en gráfica y audiovisuales.

Hace poco más de dos semanas elevó el avoque a la Fiscalía de Cámara. Esto es algo así como elevar un informe a la instancia superior y hacer una consulta para avanzar con el proceso. El resultado fue positivo y entonces empezaron a salir las citaciones para hacer las imputaciones.

Así pues, el miércoles se los esperaba a los cuatro protagonistas de esta historia para imputarlos, pero sólo llegó Cazabán. Los otros tres, Catania, Fúnez y Mátar, mandaron sus explicaciones por la ausencia y terminaron por presentarse casi al mismo tiempo en la mañana de ayer. En el mismo momento en que fueron llegando a la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos, fueron recibiendo la notificación de la situación procesal.

Ahora queda pendiente otro tema, que son las recusaciones presentadas por Cazabán y Fúnez. Ambos entienden que el fiscal Garay habría violado el secreto del sumario cuando recibió a los diputados Infante, Dimartino y Limas hace dos semanas, cosa que los legisladores niegan rotundamente.

Ahora las recusaciones son evaluadas por la fiscal de Cámara Paola Quiroga, que deberá decidir si corresponde o no correr a Garay de la causa. Por lo pronto, no falta quienes señalan que se trata de una maniobra para sacar al magistrado que imputó al hombre más poderoso de la administración Jaque. Si Garay sigue, entonces será el turno de las declaraciones de los imputados.