El Ente de Control de Sudamericana de Aguas, tras la polémica, podría finalmente ser integrado por ediles de la oposición, a contramano del proyecto original enviado por el Ejecutivo.

Ese texto, que propone crear el varias veces postergado ámbito de supervisión de la prestación del servicio de agua y cloacas, preveía que sean dos concejales del oficialismo, en rigor los Presidentes de las Comisiones de Hacienda y Obras Públicas, hoy en manos del zuccarismo, los que lo integren, más 4 personas designadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, tras la queja de la minoría, se habría llegado a acordar darle participación a la oposición, por medio de dos concejales.

Lo que resta determinar es si entonces serán 8 los integrantes del Ente, o esos lugares que dejarán para la minoría desplazarán a algún miembro del Ejecutivo o de los legisladores Z.

Pilar de Todos pudo saber que incluso la idea habría sido trasladada al intendente Humberto Zúccaro, en una reunión que mantuvo con alguno de sus concejales.

El opositor Diego Ranieli, en tanto, admitió que “hay charlas informales que apuntan a darle representatividad a la oposición” dentro del Ente, pero pospuso cualquier definición.

“El proyecto se va a tratar la semana que viene en la Comisión de Legislación que yo presido, pero concreto no hay nada”, concluyó Ranieli.

El Ente

Según el proyecto al que tuvo acceso Pilar de Todos, El ENTE tendrá como funciones “cumplir y hacer cumplir el contrato de concesión de servicios, proponer modificaciones al reglamento de usuario, requerir del concesionario los informes necesarios para efectuar el control, dar publicidad general a los planes de expansión y el cuadro tarifario”.

Además, deberá “controlar que el concesionario cumpla con el Plan de Gestión Integral aprobado y los planes de inversión, operación y mantenimiento; analizar y expedirse acerca de los informes que el concesionario deberá presentar, dar publicidad a sus conclusiones y adoptar las medidas que contractualmente correspondan”.

Otra de las potestades establecidas serán: “atender los reclamos de los usuarios por deficiente prestación del servicio o errores en la facturación, producir en todo reclamo interpuesto una resolución fundada, aplicar al concesionario las sanciones previstas en los diversos instrumentos que regulan la concesión, requerir al HCD la intervención cautelar del concesionario cuando, por culpa de este, se den causas de extrema gravedad y urgencias que afecten el buen servicio y pongan en peligro la salud de la población; y redactar el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación de las áreas no concesionadas”.