En los últimos días, el cierre de 39 escuelas rurales y otros 10 establecimientos en el Delta por orden de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, generó una serie de críticas no solamente desde el ámbito educativo sino también desde distintos sectores que salieron a cuestionar duramente esta medida. La explicación que dio la mandataria fue que en cada colegio iban muy pocos alumnos, y que con las clausuras el Estado se ahorraría el pago de luz, gas y otros servicios.

¿Conviene hacer recortes en Educación? El importe que se ahorrará la Provincia no llega ni siquiera al 1% del dinero que emitió como deuda el jueves último por casi 90 millones de dólares, con un máximo de 175 días para el pago del mismo. 

Eso no es todo. El desbarajuste en los números en territorio bonaerense parece no tener fin, ya que el viernes de la semana pasada Vidal permitió que el Gobierno Nacional comprara dos Letras del Tesoro por un total de 753 millones de dólares; lo que traducido en lenguaje criollo es ni más ni menos que deuda pública. Ese dinero irá a las arcas de Mauricio Macri y su equipo, pero fue pagado con el dinero que les quitaron a los jubilados con la polémica reforma de la Ley Previsional.

La gobernadora aceptó endeudarse como si esa plata fuera propia y no del Soberano, como si se tratara de una empresa privada. Los políticos deberían recordar que las provincias son autónomas, es decir que el gobierno nacional no puede incidir en lo que estas hacen, de lo contrario sería una intervención de manera directa. La gravedad de la situación radica en que no solamente esos 753 millones de dólares se pagarán metiéndole mano a los bolsillos de las personas de la tercera edad, cuando ese dinero que les quitaron a los jubilados con la polémica modificación de la norma Previsional debería haber sido para subsanar la grave situación económica de los argentinos. 

Es decir que la Provincia ahora financia a la Nación, cuando debería ser al revés, considerando que Buenos Aires es el territorio con más habitantes del todo el país -alrededor de 15 millones- en comparación con las provincias restantes. Los cuestionamientos son aun más si se tiene en cuenta que la mandataria y su equipo no consultaron ni debatieron con la oposición endeudarse por esos 753 millones de dólares para dárselos a Macri. 

¿En qué se usarán $21.000 millones?

Después de un largo reclamo de más de 20 años por el Fondo del Conurbano, finalmente a fines del 2017 el Estado Nacional y el provincial llegaron a un acuerdo, y la gobernadora empezará a recibir 65.000 millones de pesos como forma de compensación. De ese dinero, el Gobierno bonaerense contará con 21.000 millones de pesos este año, y $44 mil millones en 2019 por parte de la Nación. Vale aclarar que se trata de dinero del Estado, no propiedad de un gobernador o presidente como muchos políticos piensan. 

Cuando se aprobó la modificación de la ley, se estableció que esa cantidad de plata sería destinada a infraestructura. Sin embargo, lejos de cumplir con esa promesa, los hospitales se caen a pedazos y no hay insumos para cuestiones mínimas de salud como una vacuna o anticonceptivos gratuitos, se cierran escuelas y fábricas, no hay incentivos reales para abrir PyMES, los créditos hipotecarios son prácticamente imposible de adquirirse por el cúmulo de requisitos que piden los bancos y que genera un estado de desesperación por parte de la sociedad. 

¿Es realmente un “cambio” el se está produciendo en el país, y en la provincia de Buenos Aires? Como ya se ha mencionado en las páginas de este diario, la deuda aumenta, los bonos argentinos no tienen posibilidades de competir con el dólar en el mercado e incrementaron los planes sociales. Los gobernantes actuales cuestionaron durante, y con razón, la época kirchnerista y menemista de destrucción del país, pero, la realidad indica que están siguiendo ese mismo camino.