Eso si: la primera mandataria dedicó una mención especial a esa aberración que significa comprar y repartir netbooks (distribuidas en escuelas digitadas a dedo, con los habituales mecanismos del clientelismo político), que son adquiridas con recursos de la Anses. Este dinero debería estar destinado a mejorar los paupérrimos ingresos de los jubilados y pensionados. Actualmente, el 70% de la clase pasiva en la Argentina está obligada a sobrevivir con poco más de $2100 (233 dólares) por mes, luego de haber aportado durante toda una vida de trabajo.

CFK, en la semana que pasó, hizo una puesta en escena para entregar computadoras portátiles en el Colegio Nacional de la UNLP, una institución educativa cuyos alumnos sólo pueden ingresar mediante un sorteo y que pertenecen, en su gran mayoría, a una clase media acomodada. Mientras tanto, muchas de las escuelas públicas del estado bonaerense, que se encuentran en nuestra ciudad y que reciben a los chicos de los sectores sociales más postergados, se están cayendo a pedazos. No sólo por una infraestructura edilicia que ya no da abasto por la falta de inversiones, sino también porque todo el sistema educativo en su conjunto se encuentra en crisis.

Hemos llegado al absurdo que, para dibujar las estadísticas oficiales, las maestras prácticamente son obligadas a no hacer repetir a los alumnos. El propio Estado le ha quitado autoridad a los docentes dentro del aula, y consecuencia de ello cada vez son más los chicos que terminan el secundario sin la capacidad de hacer ejercicios básicos de matemáticas y presentando serios inconvenientes en lo que se refiere a la compresión de textos.

La realidad nos muestra que millones de chicos, cuyos padres no tienen otra posibilidad que enviarlos a una escuela pública, están siendo formados por docentes con salarios de hambre, que se han proletarizado como consecuencia del deterioro social y económico que se viene registrando en el país. No hay que engañarse: el reclamo de aumento de haberes es justo y atendible, pero detrás de ese conflicto salarial, existe una situación de colapso absoluto de la que no habla el gobierno ni los sindicalistas docentes.

Llamativamente, uno de los gremialistas que convocó a la huelga para hoy es ultrakirchnerista: Roberto Baradel. Se trata de un dirigente sindical que, al estar asociado con los K, renunció a realizar cualquier tipo de reclamo al gobierno nacional, que vienen estrangulando a la Provincia al centralizar la caja del Estado y retacear los recursos coparticipables.

Obviamente, el gobierno provincial, que comanda Daniel Scioli, también le cabe responsabilidad por esta situación. Concretamente, como máxima autoridad política votada por los bonaerenses, debería ponerse al frente de los reclamos para que lleguen los fondos que necesita la Provincia o, en su defecto, activar los mecanismos que permitan ponerle fin a la centralización de los recursos. Por ejemplo, renunciando al Pacto Fiscal de 1992, mediante el cual la Provincia financia la caja de la Anses, el Estado bonaerense recuperaría unos $7 mil millones (equivale a lo que el gobierno K gasta en netbooks), lo que permitía poder cumplir con los reclamos salariales y evitar que los chicos de las escuelas públicas sigan perdiendo días de clases.

Esta situación no es producto de la casualidad. Forma parte del proyecto político de un gobierno nacional que está enfermo de poder y que necesita de un pueblo inculto, sin espíritu crítico, para poder seguir obteniendo el voto fácil con el clientelismo político.