Así se pudo establecer luego de que Aguas del Norte iniciara ayer obras en la zona donde el Jockey Club había subarrendado en 2010 a uno de los comodatarios de la zona, diez hectáreas para disponer canchas de rugby. El subarriendo fue en este caso una excepción, dado que según los comodatos firmados por algunos de los pobladores de la zona (y promovidos durante el gobierno de Juan Carlos Romero con la presunta intención de no entregar las tierras a las comunidades), esa acción estaba prohibida. La excepción fue gracias al 'visto bueno', del gobernador Juan Manuel Urtubey para que se cometa la irregularidad.

El subarriendo de las tierras destinadas a las canchas generó la resistencia de los Lules que en 2010 fueron reprimidos al igual que parte del equipo de Nuevo Diario que había estado cubriendo los hechos en el lugar en enero de 2010. Desde ese momento, las disputas se encuentran en sede judicial e incluso había medidas de "no innovar", es decir, de no realizar ningún cambio en las tierras.

Ayer, cuando se hicieron las averiguaciones, desde Aguas del Norte se informó que el Jockey Club había presentado los papeles que indicaban que eran propietarios de las tierras, por lo cual indicaban que el reclamo de contar con el servicio de agua corriente era legítimo. "Si la red pasa por ahí y tenés la capacidad de dar el servicio no se lo puede negar", dijeron desde la empresa que brinda el servicio público al sostener que si bien conocen que existen reclamos en sede judicial, "nuestro rol pasa por otro lado", en tanto deben otorgar el servicio.

De Oligarquías y monopolios

"Como sucede en otros lugares de la provincia estos sectores oligárquicos controlan o tienen el monopolio del poder, la Justicia, o de los recursos económicos. Esto decanta en la violencia y la represión con la que se consiguen sus propósitos", dijeron los Lules al considerar que todo esto se consigue "a través de las relaciones de poder".

Indicaron que en la zona no cuentan con agua corriente, y son privados del líquido elemento para el riego teniendo que soportar la sequía en una tierra que se considera parte de una reserva hídrica.

Una intención negada

Desde el momento que el Jockey quiso disponer la cancha de rugby, los Lules indicaron que la intención real era quedarse con las tierras. Desde el Club se había negado en todo momento esa posibilidad. El hecho es que las tierras, al menos en aquel 2010, estaban valuadas en 55 dólares el metro cuadrado, lo cual indicaba que las 10 hectáreas subarrendadas (hasta entonces), por el Jockey, era de 2.750.000 dólares.

Tiempo después de esta primera ocupación de 2010, los Lules denunciaban que el Jockey estaba realizando gestiones para sacar agua de un arroyo de uso común de la comunidad. Ya en aquel momento indicaban que no podían tener agua corriente porque la empresa (en ese tiempo COSAySa), los desconocía como propietarios y por tanto, no hacía las obras.