El agua, presente en toda actividad humana, tiene un rol fundamental en la organización territorial, especialmente en la construcción de las ciudades donde vivimos y en las cuales se ha desarrollado nuestra sociedad mendocina.

Con tan poca disponibilidad en los ríos, nuestros antecesores crearon estos oasis y dieron una organización social del manejo del agua a través de las Ley de Aguas y la creación del Departamento General de Irrigación. Desde el regreso de la democracia y hasta ahora, jamás se había puesto en duda la capacidad de los superintendentes para conducir el sistema.

Hoy, luego de cinco superintendentes (Chambouleyrón, Becerra, Sancho, Abihaggle y Duarte) y gobiernos provinciales, puede decirse que se ha cortado este ciclo virtuoso.

La actual gestión de José Frigerio y Jorge Villalón, no está a la altura de las circunstancias para dar garantías a los mendocinos de un debido uso del agua. Esto se ve reflejado en la disconformidad de los regantes y en los planteos de legisladores que, tal vez, terminen en un Jury de Enjuiciamiento.

La gestión Frigerio - Villalón fue cuestionada desde el principio cuando se denunció periodísticamente el uso de máquinas del DGI en fincas particulares en la cuenca del Río Tunuyán en 2008 a meses de iniciada la gestión de Celso Jaque.

Hoy hay problemas peores. Los legisladores investigan los pozos autorizados en la zona de la margen derecha del Río Mendoza donde, durante 10 años (gestiones de Abihaggle y Duarte), se restringió la perforación de nuevos pozos de agua, ya que el acuífero subterráneo se encontraba en peligro y, según los expertos, se estaba recuperando lentamente.

Repentinamente Frigerio - Villalón habrían otorgado cerca de 20 nuevos pozos, precisamente en el área de más valor de la vitivinicultura de Mendoza. Esto, obviamente, en silencio y a oscuras, sin haberse licitado o aplicado criterios sociales que beneficiaran a todos los mendocinos. Cuando los legisladores lo interrogaron sobre el tema, Frigerio contestó que lo habían llamado desde Casa de Gobierno. Necesitamos saber quién lo presionó.

En el Valle de Uco hay quejas por las demoras en los trámites y por la derivación de los expedientes más importantes hacia la Sede Central. Los estudios de expertos indican que el acuífero subterráneo de dicha cuenca está en óptimas condiciones, por lo que no habría inconvenientes técnicos que justifiquen las demoras que frenan inversiones que permitirían mejorar el empleo y la riqueza en la zona.

No vemos criterios claros en la administración del agua. Se otorgaron derechos precarios en plena crisis hídrica contando con pronóstico desfavorable y eso requiere de explicaciones que eliminen las sospechas de favores a los amigos de Frigerio y Villalón.

Irrigación siempre fue considerado un organismo distinto, con orden presupuestario, una cantidad adecuada de profesionales y técnicos, catalogados muy bien dentro de la administración pública. Pero en los últimos tres años sorprende la cantidad de personal incorporado y no justamente de ingenieros, agrimensores, economistas o sociólogos para generar y evaluar proyectos que deberían estar en marcha.

En mayo de 2010 comenzó el proceso de renegociación de los contratos petroleros que culminó en abril de este año con la firma de la prórroga de dichos acuerdos. Como siempre, la poca transparencia con que se han celebrado todos los acuerdos de este gobierno, impidió saber hasta el momento si Francisco Paco Pérez, cuando era ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Guillermo Carmona, cuando era secretario de Medio Ambiente, le consultaron sobre los problemas ambientales del sector y si estos se encuentran denunciados o en vías de resolución.

Además, el manejo de la cuenca del río Atuel ha sido, por lo menos, deficiente. Los cortes que han sufrido los regantes lo demuestran. Paradójicamente esto no permitió dar cumplimiento al convenio que Frigerio y Villalón promovieron y firmaron junto a Jaque y Paco Pérez para entregar a La Pampa aproximadamente el 20% de su caudal, a cambio de obras a cargo de la Nación que nunca llegaron.

A este lamentable estado de cosas se suma el desánimo y miedo de muchos empleados de Irrigación y la falta de trato con los inspectores de Cauce, una situación muy grave ya que ellos son los representantes de la democracia del agua. Sin duda, haberlos abandonado es preocupante. 150 Inspecciones de Cauce y 17 Asociaciones de Inspectores son una parte fundamental de los principios rectores de la administración del agua, establecidos por ley y en la Constitución de Mendoza.

Esto se corresponde con que en estos tres años de gestión junto a Paco Pérez, no hemos escuchado una sola palabra sobre cómo ampliar la disponibilidad del riego presurizado, de la defensa de la calidad del agua o de qué manera mejorar las mediciones. Mucho menos de la prevención y control de la contaminación, de la captación del agua de los aluviones para su posterior uso, de las reformas necesarias, de la promoción del personal por méritos y del cambio climático, por no hablar de su desprecio a las convocatorias de la Legislatura. Desde el Frente Cívico Federal ansiamos debatir estos temas.

Junto a nuestros equipos de gestión, estoy dispuesto a mejorar la administración del agua, el recurso más importante que tenemos los mendocinos porque estamos convencidos de que el "Agua es Futuro".