Se agravan las implicancias económicas por la paralización de yacimientos

Desde el 26 de abril, en que se superó el conflicto petrolero, los nuevos bloqueos a los yacimientos, por desocupados primero y por docentes después y ambos en estos momentos, hicieron que la producción no se alcanzara a normalizar. 10 días de bloqueos llevan los manifestantes, con una pérdida estimada en 35 millones de pesos, aunque acumulativamente ya se han perdido más de 150 millones de pesos. Peligran puestos de trabajo en las subcontratistas.
Este mes de mayo, el Estado provincial y la totalidad de los estados municipales no percibirán regalías petroleras por la producción de la Zona Norte. Sólo un estimado del 20% de los ingresos que deberían haberse depositado serán los realmente cobrados por las comunas y la provincia, merced a la normalidad que sí logró mantener la Cuenca Austral.

Del 1 al 26 de abril, fue la interna sindical de Petroleros Privados lo que mantuvo en vilo las cuentas de la provincia y superada ésta, se sucedieron cortes de ruta y bloqueos a yacimientos que hicieron que la normalización nunca llegara a los campos petroleros.

Apenas levantado el paro por parte de los petroleros privados, fueron dos grupos de desocupados que reclamaban su incorporación a la actividad los que bloquearon, al día siguiente, (27 de abril) fundamentalmente, el acceso a los yacimientos desde Pico Truncado. Luego se sumaron los docentes de Las Heras, desde el jueves 28 de abril, que bloquearon el acceso a Los Perales, el yacimiento más importante que tiene en producción Santa Cruz, y a ellos se le sumaron ese fin de semana de 30 y 1º, los vigiladores petroleros y otro grupo de desocupados en la zona de Cañadón Seco.

La sucesión de estos reclamos y cortes que perduran, varios de ellos hasta hoy, hacen que las pérdidas de la provincia sean millonarias, sumándole a los casi 115 millones de pesos perdidos durante la huelga petrolera otros 35 millones, aproximadamente, en los 10 días que se lleva de bloqueos, ya que a los 3 millones de pesos diarios que se estima se dejan de percibir por regalías, se le suma la caída por ingresos brutos producto de la paralización de la actividad económica que existe alrededor de la actividad petrolera.

“Llevamos más de un mes sin producir” certificó a La Opinión Austral el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro. Señaló que “ni siquiera se llegó a poner en marcha la totalidad de los pozos, que los bloqueos provocaron que primero se tuvieran guardias mínimas y luego directamente se parara la actividad” sostuvo.

Ferreiro aseguró que “el daño económico es gravísimo, primero los desocupados, luego los vigiladores y después los docentes, hoy YPF no recibe petróleo y no se manda a la boya para su salida a las refinerías y eso, a su vez, provoca falta de materia prima para la elaboración de combustible” advirtió.

Más que regalías

Hoy no sólo se debe cuantificar la pérdida por regalías o ingresos brutos que es directa hacia las arcas provinciales o municipales, sino también al tejido económico de la región petrolera, ya que hay más de una decena de micro y pequeñas Pymes, que dependen de la actividad petrolera, que hoy zozobran ante la imposibilidad de tener ingresos que le permitan afrontar sus obligaciones, al punto que varias advirtieron que de continuar la falta de actividad tendrían que cerrar sus puertas.

Pero también se afecta el comercio local, hoteles que prestan el servicio de alojamiento a los petroleros de turno, carnicerías o verdulerías que son las que abastecen los comedores de los yacimientos, que dejan de prestar esa atención y por ende sufren el impacto de la reducción drástica de sus ventas.

Desde el inicio de las tratativas salariales en Santa Cruz “cerramos todas las paritarias menos las docentes, que no hicieron una contrapropuesta”, dijo a Télam el ministro de Economía, Diego Robles.

El corte de rutas para impedir la operación petrolera “le ha costado en abril a la provincia 100 millones de pesos por regalías que no percibirá y 20 millones por otros conceptos”, indicó el funcionario.

Robles insistió que el pago de salarios públicos insume “el 85 por ciento de los ingresos corrientes” de la provincia, cuyo presupuesto para este año fue aprobado en diciembre “con un déficit de 700 millones de pesos”, antes de los aumentos.

“Hay que sancionar”

“La ley dice que hay que sancionar, así que supongo que se estará haciendo el sumario administrativo para determinar el monto de la sanción”, aseguró el jefe de Gabinete, Pablo González.

Sostuvo que la Secretaría de Trabajo también “puede remitir las actuaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación para que se pronuncie en virtud de la ley de Asociaciones Sindicales” para que evalúe si corresponde aplicar sanciones desde ese ámbito también.

Si bien las sanciones son un hecho que la ley establece, nada hace suponer que ello alcanza para superar el conflicto, por el contrario, podría agravarlo, y sobre ello, González indicó al programa “Mañana es Tarde” de LU 12 Radio Río Gallegos, que “es lo que dice la ley y cada uno tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden”.

“Hoy el escenario podría ser otro si hubieran acatado la conciliación” dijo González, y sostuvo que lo que ocurre es que el gremio “ejerce presión a través del no dictado de clases”, paradójicamente, Raúl Robles, responsable de la AMET, el otro gremio en paro y que también rechazó la conciliación, aseguró que “acatar la conciliación sería tener que sentarse a negociar presionados” sostuvo. El mismo argumento para posiciones diferentes que hacen presuponer que la posibilidad de un diálogo concreto está aún lejos de poder ser concretada.

“No se acata la conciliación para seguir utilizando la herramienta del paro como forma de presión al Gobierno, cuando en realidad la conciliación obligatoria está pensada para evitar esa situación y lo que busca es morigerar el impacto del conflicto y poder seguir discutiendo y tiene un principio y un fin. No es eterna. Se termina a los 20 días y las partes quedan liberadas”, señaló.

Por su parte, Juan Ferreiro, llamó a retomar la cordura. “Se están sacando los recursos que la provincia necesita para hacer frente a sus obligaciones, entre ella el pago de salarios” sostuvo y recordó que “el ingreso por regalías, lamentablemente, es un recurso fundamental para las arcas provinciales”.

Reconoció el funcionario, finalmente, que las medidas represivas no son el camino de salida a tomar, sino que “pasa por tomar conciencia de que hay que encontrar una salida a esto” señaló, pero sostuvo “hoy el panorama es muy difícil y si las finanzas están comprometidas, realmente el futuro no es muy alentador”.

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