La escalada de violencia que azota desde hace días a unas diez ciudades del sureño estado brasileño de Santa Catarina, y que las autoridades atribuyen al crimen organizado, tuvo un nuevo capítulo en la madrugada de ayer, cuando cinco vehículos fueron incendiados y una persona murió en un presunto enfrentamiento con la policía.

La primera muerte registrada desde que comenzó el miércoles pasado la segunda ola de ataques en el estado ocurrió en la ciudad de Joinville, a 170 kilómetros de la capital provincial, Florianópolis, uno de los polos turísticos más importantes del país.

Según información de la gobernación provincial, el sospechoso conducía una motocicleta cuando su acompañante disparó contra un efectivo de la Policía Militarizada que estaba en su día libre. Los motociclistas comenzaron a ser perseguidos por policías, y tras un intercambio de disparos el conductor resultó muerto y su acompañante fue detenido.

En tanto, tres autobuses y dos camiones fueron incendiados y se registraron siete ataques contra comisarías, edificios públicos y residencias de policías entre la noche del sábado y la mañana de ayer. Desde el miércoles pasado, la Policía Militarizada contabilizó 19 vehículos incendiados, entre ellos 14 autobuses.

En uno de los atentados, un joven de 19 años sufrió quemaduras en rostro y cuello, cuando el autobús en el que viajaba fue incendiado, y permanece internado en una unidad de cuidados intensivos, pero no corre riesgo de muerte.

La primera ola de violencia urbana en Santa Catarina estalló en noviembre pasado, cuando se registraron atentados en 17 ciudades. Los ataques se dieron en forma simultánea a los registrados entre octubre y diciembre en San Pablo y su región metropolitana. Al menos diez ciudades han sufrido ataques desde noviembre: Florianópolis, Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Criciúma, Gaspar, Palhoça y Laguna, entre otras.

Según el secretario de Seguridad Pública de Santa Catarina, Cesar Grubba, ambas escaladas de violencia están relacionadas y se atribuyen a grupos del crimen organizado, entre ellos el llamado Primer Grupo Catarinense (PGC), cuyos integrantes son presos del penal de Sao Pedro de Alcántara, localizado a 30 kilómetros de Florianópolis.

La situación alteró la rutina de las ciudades afectadas, que tuvieron que suspender algunas líneas del transporte público. Según Grubba, los ataques son una reacción de los delincuentes a la intensificación de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades.