El puerto de Santos, el mayor de Brasil, fue prácticamente bloqueado ayer por la Unión Brasil Camionero (UBC). Según los dirigentes, podrá continuar sin actividad al menos hasta el jueves. Todo va a depender de que sus demandas sean atendidas por el gobierno de San Pablo. Sus reclamos incluyeron la rebaja del peaje, una baja del precio del diesel y una disminución de algunos impuestos. También pidieron más seguridad en el área metropolitana paulista.

El movimiento es una de las varias manifestaciones que a diario vienen ocurriendo en la capital paulista y que son una consecuencia de las marchas de las últimas tres semanas, que abrieron nuevos espacios para la protesta por motivos muy diversos entre sí. Precisamente, para analizar el curso de las manifestaciones, la presidenta Dilma Rousseff se reunió ayer con sus 39 ministros en la Granja do Torto.

Allí analizaron las medidas que podrían ser tomadas inmediatamente para calmar la onda de movilizaciones que conmueve al país desde hace más de 3 semanas. También se discutió la viabilidad de un plebiscito en tiempo y forma, que no podría realizarse más allá de octubre próximo, es decir, un año antes de las presidenciales. La presidenta del Tribunal Superior Electoral, Carmen Lúcia Antunes Rocha, dijo ayer que la justicia electoral está lista para organizar ese referendo sobre la reforma política.

En San Pablo, desde la mañana temprano varias rutas centrales como Castelo Branco y Anchieta registraron colas larguísimas de camiones en huelga. Las autoridades de la Agencia de Transporte del estado paulista declararon ayer que habían mantenido varias conversaciones con los representantes sindicales. Y señalaron que “este paro” de ayer “no fue apoyada por otros gremios del sector”. Los más activos fueron los camioneros autónomos y las cooperativas. El gobernador del estado paulista, Geraldo Alckmin, advirtió que ya se había tomado la decisión de suspender el aumento de 6,4% que le iría a aplicar al peaje desde ayer.

Alckmin, uno de los líderes del Partido Socialdemócrata de Brasil y que pretende ser reelecto como gobernador paulista en las elecciones de 2014, intentó minimizar el alcance de las protestas. Dijo que quienes entraron en la huelga camionera “es un pequeño sector sindical”. Con todo, apostó a la rápida resolución del problema. Reconoció, empero, que hay una “insatisfacción general de la gente con los políticos. Hay que oír a los manifestantes”.

La popularidad de su gobierno también cayó en picada. Según la encuestadora Datafolha, su popularidad descendió de 52 a 37% en apenas un mes. Y el rechazo a su gestión trepó de 15 a 20%. Semejante desplome ocurrió a partir del momento en que comenzaron las manifestaciones, el 6 de junio último. “Mi lectura es que hay una profunda insatisfacción con la representación política. Y nos cabe a todo tener humildad, oír las voces de la protesta y actuar”. En su particular visión, las respuestas pasan por “trabajar, gobernar y cortar gastos”. Ese recorte de las inversiones del estado paulista fue la primera medida tomada por el gobernador, que podó en dos días aproximadamente 150 millones de dólares en gastos estatales.

La popularidad de la mayoría de los políticos brasileños sufrió un fuerte deterioro. Fue también el caso del actual intendente paulistano Fernando Haddad. Profesor universitario y luego ministro de Educación, este miembro del Partido de los Trabajadores conquistó la alcaldía más importante de Latinoamérica, a la par del distrito federal mexicano, en octubre del año pasado, en elecciones que requirieron la segunda vuelta. El derrumbe de Haddad fue también considerable, al bajar en la estima de los electores de 34% a apenas 18%.

Otro tanto ocurrió con el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Solo que en su caso el colapso del favoritismo llegó a 30%. La represión policial desatada contra los manifestantes los días de juego en el estadio del Maracaná tuvieron una influencia decisiva en el pesado resbalón del gobernador fluminense.