Finalmente, fracasó la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo por el conflicto entre la interventora del Subsidio de Salud, Nelly Ganim, y la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y Seguridad Social (ATEPYS) en torno a las designaciones de personal.

Tal como venía actuando, la funcionaria faltó el lunes a la quinta y última audiencia convocada por la cartera laboral y presentó un escrito solicitando dar por finalizada la conciliación. Con ello, quedaron firmes los nombramientos de 30 empleados jerárquicos dispuestos por Ganim (algunos serían parientes suyos y otros estarían vinculados a ATE y UPCN), medida que, según el gremio, terminó privando a unos 190 trabajadores contratados de la posibilidad de ser titularizados.

"La interventora actuó con irresponsabilidad y soberbia, no se sentó a discutir por que no tiene argumentos, no sabe cómo justificar por qué ascendió a sus parientes y a familiares de la gente de ATE y UCN, y es la responsable de que el conflicto persista", dijo a EL SIGLO el titular de ATEPYS, Andrés Jaime.

El sindicalista indicó que el gremio espera la notificación de la Secretaría de Trabajo sobre la finalización de la conciliación obligatoria para retomar las medidas de fuerza, luego de algunos días de tregua forzados por la intervención de esa cartera. "Seguramente una vez que nos notifiquen este jueves se volverá a la protesta, con quites de colaboración, paros progresivos y cortes de tránsito con quema de cubiertas al frente del Instituto, en Las Piedras y 9 de Julio", advirtió.

Jaime dijo que aceptaron la finalización de la conciliación aunque solicitaron "cumplir con resolución de la Secretaría de Trabajo que ordenaba a las partes a retrotraer todas las acciones al inicio del conflicto". "Esto -explicó- es para que se aplique, como manda la ley, una sanción contra la Intervención de la obra social, con una multa onerosa, como se hizo con la Bancaria, de más de 2,5 millones de pesos, debido a que no dio marcha atrás con las designaciones que dieron inicio al conflicto".

Graves denuncias

El dirigente sindical dijo que esta situación se ve agravada porque se dejó vencer el contrato de locación del edificio de calle La Rioja 271, donde funciona desde hace años el Centro de Calidad de Vida del Subsidio de Salud, lo que habría ocasionado un daño financiero a la obra social estatal y un grave perjuicio a los propios afiliados.

"Les habían advertido en septiembre de 2012 que en enero de este año vencía el contrato de alquiler y la Interventora no hizo nada, por lo que ahora el dueño vendió el edificio al Banco de Santiago del Estero", explicó.

Según Jaime, "esta desidia le generó un perjuicio económico al Subsidio de 1,5 millón de pesos, que es la inversión que se realizó en 2006 para que el local esté en condiciones para atender a unos 20.700 afiliados, muchos de los cuales son pacientes oncológicos, enfermos de HIV, diabéticos, inmunosuprimidos y del plan materno infantil, que ahora no se sabe dónde serán atendidos a partir del 1 de junio, que es cuando hay que entregarle el local al Banco que lo alquiló", puntualizó.

Finalmente, advirtió que "debido a ese daño financiero ocasionado a la obra social de los empleados públicos tucumanos, ahora el Tribunal de Cuentas debe hacerle un juicio de responsabilidad a la Interventora o a quien le corresponda".