La adjudicación de una frecuencia de radio sin fines de lucro a una de las organizaciones que participó del concurso que se había hecho en el año 2012 representa, para nuestra provincia, la posibilidad de un impacto concreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se sancionó en el año 2009 y algunas de cuyas implicancias positivas se han visto sensiblemente demoradas a la hora de su concreta vigencia.

La decisión del directorio nacional de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) salda solo parte de una deuda existente con el sector, puesto que la promesa de la Ley de Medios de la democracia es que al menos un tercio del dial esté destinado a organizaciones solidarias, que no respondan directamente al Estado ni estén dedicadas a una lógica comercial.

La frecuencia que se puso en juego, 106.1 Mhz, le fue adjudicada a la Asociación Civil El Ágora, que viene desde hace dos años haciendo transmisiones por internet a través de Radio Kermés: en una decisión unánime, la propuesta de esa organización fue considerada por encima de las que presentaron otras cinco asociaciones, mutuales o cooperativas.

Este paso adelante en la aplicación de la Ley de Medios debería tener una sucesión de avances, para continuar en la senda de otros que ya se conocen pero que en casi todos los casos se han registrado con un notable retardo: la licencia de TV que logró la Cooperativa Popular de Electricidad y el funcionamiento de la Radio Municipal en un lugar del dial que antes usurpaba la familia Matzkin aparecen como los hechos de mayor importancia e impacto, a los que se suman determinados créditos y subsidios para financiamiento por medio de concursos; las licencias obtenidas por otros municipios o entes estatales; la ofensiva de otras cooperativas para dedicarse a la comunicación y, especialmente, una serie de tareas de formación y capacitación que se han concretado de manera sistemática.

La sola discusión de la Ley de Medios constituyó para la ciudadanía un avance, puesto que incluyó la participación comunitaria como en pocas otras leyes de la historia, en una discusión en la que además hubo enriquecedores aportes para el conocimiento de la verdadera historia e intereses de los medios de comunicación que funcionan como emprendimientos comerciales, además asociados a otros negocios.

En cambio, la exagerada idea de que esa ley sería la panacea o una revolución, de alguna manera convirtió a ese mismo impulso en un bumerán: cumplir con semejantes expectativas es imposible y las razones no son solo responsabilidad de un Poder Judicial muy atento a darles la razón a los grandes pulpos mediáticos -que son grandes grupos económicos-, sino por deficiencias, carencias y perezas del propio Ejecutivo, que por distintas razones -algunas de infraestructura, otras económicas, otras políticas- no ha podido, no ha sabido o no ha querido implementar la prometedora ley en su totalidad.

En el caso de Santa Rosa, que es la capital provincial, se impone un necesario ordenamiento del dial de frecuencia modulada, que debe contar como una prioridad la posibilidad de que otras organizaciones solidarias tengan espacios desde los cuales fijar su posicionamiento, saliendo de la lógica que impera en los medios comerciales, más inclinados a pensar en lo que el mercado requiere que en las necesidades de la comunidad, y más dado a transmitir en cadena con grandes medios nacionales que a la producción genuina.

Tampoco puede perderse de vista que uno de los costados a resolver en un futuro es el modo en que esas organizaciones pueden hacer sustentables sus proyectos, fundamentalmente en el interior del país, donde una tarea de ese tipo es poco menos que imposible sin una mano del Estado, pero que necesariamente debe estar regulada y transparentada.

También los medios comerciales de Santa Rosa, que ejercen una legítima práctica del servicio comunicacional, merecen un ordenamiento del dial para que las reglas prometidas por la Ley de Medios de la democracia -que algunos sectores políticos siguen amenazando con derogar- sean una realidad.

El virtual lanzamiento de la campaña proselitista que ocurrió durante la semana que se fue permite advertir respecto de lo que ocurrirá en los próximos meses, durante un año en el que habrá numerosos actos electorales, desde la interna de los partidos que definirán en julio sus candidatos provinciales hasta una eventual segunda vuelta nacional, pasando en el medio por las PASO y las elecciones generales, donde se pondrán en juego más categorías electivas que nunca antes en la historia.

El juego político no es -ni debe ser- un juego de niños o una reunión de carmelitas descalzas, e implica también operaciones, cruce de acusaciones, estrategias para dañar al contrincante y chicanas de ocasión.

Pero eso no impide que los protagonistas y responsables de las campañas sumen también algo enriquecedor a las discusiones y debates: aprovechando la atención que los medios de comunicación y la comunidad suelen prestar en estos tiempos a los asuntos políticos, no estaría mal que además de confrontaciones y artimañas, haya lugar para el intercambio de ideas, el diagnóstico sobre el presente y el futuro de la provincia y la aparición de algunas propuestas concretas para solucionar problemas de la ciudadanía.

Esta semana fue una suerte de lanzamiento de campaña porque las líneas principales del PJ determinaron su alineamiento, a partir de la clara realidad de que las internas son insalvables; y porque desde el FrePam se blanqueó de manera decidida la intención de sumar a ese espacio, que se presentó en otras elecciones como de centroizquierda, a referentes opositores que antes no parecían encuadrar ideológicamente, pero a los que hoy -ante otras circunstancias y otros objetivos- se les ofrece un lugar de cobijo.

Ese tipo de contradicciones son también parte de la política misma, y hasta aparecen pequeñas en comparación con otros episodios que se registraron y se registran tanto a nivel nacional como en nuestra provincia.

En ese mismo camino, el intendente de Santa Rosa, Luis Larrañaga, ha decidido alinearse con los mismos sectores a los que, en medio de su mandato, no es que criticó con argumentación, sino que les auguró la extinción: fue en octubre de 2012 que el jefe comunal dijo -textualmente- sobre Rubén Marín y Carlos Verna que “son el peronismo viejo, con olor a cala. Que va hacia la nada, y unidos por el espanto. Verna y Marín son algo que va a la extinción, que ya no tiene inserción en la gente. Muy diferente a nosotros”.

Lejos está Larrañaga de ser el único que privilegia -como él mismo explicó- la “conveniencia” a las convicciones, pero aunque se haya vuelto normal ese tipo de travestismo, tampoco puede relativizarse el valor de la palabra y la coherencia en el espacio político: la promesa fácil es, a veces, una costumbre, bajo la suposición de que la mentira o la traición a los electores será prontamente olvidada, pero ese tipo de conductas a espaldas de la ciudadanía generan -a la corta o la larga- un escepticismo dañino y la acumulación de esas tendencias se convierte en caldo de cultivo de explosiones al estilo “que se vayan todos”.

Parte de la campaña se supone que es el cuestionamiento a los rivales, pero quizá no sea necesario caer en agresiones -sobre todo a esta altura del asunto, cuando la movida recién empieza- que apuntan más a lo personal que a otra cosa, como en la semana le pasó a la diputada Mariana Baudino, que en lugar de argumentos políticos prefirió señalar al contrincante interno como alguien que “no manda ni en su casa”.

La vida de los partidos políticos es también puesta en duda con las afirmaciones del senador Carlos Verna que, como si hablara de sí mismo, explicó que el derrotado en una interna, lejos de acompañar al ganador -que se supone es lo que acuerda en el momento mismo de ir a una competencia electoral- se vuelve a su casa: esa frase desnuda el modo en que se ha vaciado una actividad que -a excepción de quienes la toman como un negocio- necesariamente implica la existencia de ideas para reformar la realidad y el alineamiento con quienes piensan parecido.