Una denuncia recayó sobre la procuradora general de la Nación por la presunta creación inconstitucional de procuradurías. La denuncia fue impulsada por el senador Cimadevilla específicamente por la Procelac y la Procunar.
El senador radical y consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla promovió una denuncia a partir de la cual el fiscal Guillermo Mrijuán requirió los expedientes administrativos de las designaciones y también copias certificadas de los "legajos personales" de los nombrados.
"La creación de las procuradurías, nacidas al margen de la Constitución y de las leyes, podría decirse que son órganos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución nacional", afirma el informe realizado por el estudio del abogado constitucionalista Gregorio Badeni.
Asimismo, el legislador sumará a su denuncia más pruebas sobre la maniobra que realizó la funcionaria nacional.
La denuncia que recae sobre Gils Carbó por "incumplimiento de deberes" y "nombramiento ilegal de funcionarios" apunta particularmente a las designaciones de Carlos Gonella al frente de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), así como por la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) donde Gils Carbó ubicó a Félix Crous, ex fiscal en juicios por derechos humanos.
"La creación de estos órganos avasalla la garantía de ‘fiscal titular o natural’ porque los funcionarios que la integran no han sido nombrados de acuerdo con la Constitución y las leyes de la Nación” y “con ese título, se designa a una magistratura particular equiparable a la de los jueces”, afirma el documento.
Para finalizar, desde el estudio jurídico consideran que "basta con corroborar que la Procuración General carece de competencias para el dictado de las resoluciones analizadas", para concluir que "estamos frente a actos sin valor jurídico".
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