En un extenso dictamen, la AFIP recomendó abrir una investigación en torno a dos empresas del senador nacional, Juan Carlos Romero, con lo cual la situación procesal del ex gobernador se agrava.
En su campaña preelectoral para ser gobernador, Romero había afirmado que la AFIP investigó la compra y construcción de la mansión que ocupa en Castellanos y que los inspectores del fisco nacional no habían encontrado nada raro.
Esto, sin embargo, no era cierto, ya que en los últimos días la propia AFIP giró a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que investiga a Romero por el delito de enriquecimiento ilícito, la documentación de la auditoría que realizó en torno a la mansión de Romero.
De esa documentación, según trascendió, se destaca la recomendación formal de la AFIP para que se investigue al senador nacional por los pagos realizados a la empresa Riva S.A., Sociedad constructora que erigió la lujosa mansión en la que vive Romero y su familia, edificación que oculta a más no poder a sus vecinos.
Por lo que se pudo saber, al momento de presentar la documentación que acredita los gastos realizados por su mansión, las empresas JUCARO S.A. y Lomas Balcón S.A., en las cuales el ex gobernador tiene participación societaria, informaron que fue Avión Sur S.A., la sociedad que pagó la edificación.
Cabe mencionar que a través de JUCARO S.A. y Lomas Balcón S.A., el ex gobernador adquirió los terrenos donde luego edificó su mansión. De estas dos sociedades, Romero reconoció, en su última declaración jurada conocida, ser el dueño del 90 por ciento de las acciones de Lomas Balcón S.A.
Lo llamativo es que, tanto JUCARO S.A. como Lomas Balcón S.A. informaron que los pagos por la construcción de la mansión salieron de Avión Sur S.A., empresa en la cual Romero posee el 51 % de las acciones y además, controla a otra sociedad conocida por los salteños: Finca La Represa S.A., utilizada por el ex gobernador para hacerse del hangar que ocupa ilegalmente en la Dirección de Aviación Civil, y sobre el cual pesa, aún sin resolver, un pedido de desalojo.
Para completar el combo, Rodrigo Cátulo Marcuzzi, sobrino de Romero y encargado de explicar la contabilidad del ex gobernador, informó que otro tanto de la mansión fue pagado por Estancia El Carmen S.A., empresa también conocida por ser la sociedad que finalmente se quedó con las 90 hectáreas de La Ciénaga, terreno por el cual Romero tiene una causa penal abierta por fraude y negociaciones incompatibles.
Marcuzzi, en sus explicaciones a la AFIP, informó que el costo de construcción de la mansión ascendió a una suma estimada en poco más de 9 millones de pesos, de los cuales más de cuatro fueron pagados por Avión Sur S.A., empresa que no se encuentra en condiciones de justificar esa suma de dinero.
La AFIP no entiende a título de qué Avión Sur SA y Estancia El Carmen S.A. asumieron el pago de la construcción de la mansión, como así también duda de dónde sacaron estas empresas el dinero declarado para pagar el costo de edificación.
Por ello, el fisco nacional recomendó abrir un expediente e investigar a estas dos empresas, las cuales, llamativamente, aparecen en numerosas de las causas penales abiertas en contra de Romero por delitos de corrupción, entre ellas el emblemático caso de La Ciénaga.

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