En un allanamiento, el organismo estatal detectó que 29 de los 34 trabajadores no estaban registrados. Entre ellos había mujeres y menores. Vivían en condiciones muy precarias. Le pagaban $8 por cada cajón de 20 kilos de aceitunas.
Los empleados realizaban tareas manuales de recolección y procesamiento de aceitunas sin los mínimos elementos de seguridad y eran sometidos a vivir en un precario campamento que no contaba con luz, gas y agua potable.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Ricardo Sánchez Freytes, y participó personal de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
En el procedimiento se relevaron a 34 personas que recolectaban el olivo, entre las cuales se encontraban mujeres y dos menores de edad, trabajando en condiciones sumamente precarias, sin contar con las herramientas y elementos de seguridad necesarios para las tareas desarrolladas.
Se pudo constatar además, que los trabajadores eran trasladados al predio de la explotación al comienzo de la jornada y devueltos en su asentamiento cuando esta llegaba al final.
El salario abonado era de $8 por cada cajón de 20 Kg. de aceitunas recolectado, de acuerdo a lo relevado por personal de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).
Del relevamiento realizado en el predio rural, surge que un 85% de los trabajadores no se encuentra declarado por su empleador, es decir que no se le efectúan aportes previsionales, de obra social y no tienen cobertura en caso de accidente laboral.
Las acciones se encuadran en delitos previstos en la ley 24.769, por evasión previsional, que prevé penas de prisión de 2 a 6 años.
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