Los resonantes casos de comercialización en negro denunciados durante el año pasado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) Río Cuarto, especialmente en el sector de los granos, terminaron con un número escalofriante: 600 millones de pesos que podrían confirmarse como evasión al fisco en ese rubro. Algo así como el equivalente a 4 mil casas del hogar clase media.

Según los datos internos del organismo de fiscalización a los que tuvo acceso PUNTAL, en los últimos 12 meses se realizaron 56 allanamientos vinculados con los operativos a los sectores con mayor nivel de evasión, lo que terminó con 10 personas detenidas en la zona de influencia de la regional de Afip. De acuerdo con lo indicado por las fuentes, de los 600 millones de pesos de evasión presunta, ya se encuentran determinados unos 110 millones. “El resto de la deuda se está gestionando administrativamente”, explicaron.

De acuerdo con los informes, “los sectores económicos involucrados en estas acciones de fiscalización han sido el de comercialización y exportación de granos, principalmente, y otros como el de importación y actividades financieras no bancarias, en los que se observa un alto grado de evasión”, describe el escrito.

Pero además, en los últimos 12 meses las multas, las clausuras y las denuncias por ley Penal Tributaria fueron significativas. “Se aplicaron multas por 4 millones de pesos, se efectivizaron 338 clausuras y se promovieron 37 casos de denuncias penales, con 10 contribuyentes procesados por la Justicia y dos condenados”, relataron sobre un balance de lo actuado.

Como dato positivo del informe final, sobre un universo cercano a 140.000 inscriptos en la jurisdicción de Río Cuarto, el 91% cumplió con la obligación de presentar las declaraciones juradas en los diferentes impuestos, con una efectividad en el pago en el orden del 97%.

El importe total de recaudación del año estuvo cercano a los 3.500 millones de pesos, superior en un 27% al período 2009.

Este crecimiento se vio reflejado en los principales tributos: el IVA aumentó un 21%, el impuesto a las Ganancias personales y de las empresas otro 17%. En lo que hace a los Recursos compatibles con aportes y contribuciones de la Seguridad Social, el acrecentamiento promedió el 35%.

También la deuda que el organismo “gestiona judicialmente tuvo un comportamiento positivo, habiéndose conseguido un recupero de la cobranza de la misma en el orden del 50%”.