Sobre mediados del pasado mes de agosto, la AFIP DGI de Bahía Blanca denunció ante el Juzgado Federal Número 1 a cargo del Dr. Santiago Ulpiano Martínez la existencia de una asociación ilícita para evadir impuestos mediante facturas apócrifas, como derivación directa de la investigación que, por una denuncia anónima, se iniciara hace poco más de dos años (junio de 2011) y que motivara varios allanamientos simultáneos en pleno centro de la ciudad, ordenados por quien entonces estaba a cargo de aquel Juzgado, Dr. Alcindo Alvarez Canale.

El expediente lleva el número 18/2011, tiene poco más de 100 fojas y está firmado por el Dr. Crhistian Turba, Jefe de la División Jurídica de la Delegación Mar del Plata de la AFIP (de la cual depende Bahía Blanca) y por la Dra. María Antonella Girotti, integrante de esa división.

La Asociación Ilícita, según esa denuncia, involucra a: Juan Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Rodrigo Carrano, Eduardo Suris, Juan Pipkin y Domingo Tomás Goenaga.

No obstante, como dato interesante, el escrito presentado por la AFIP ante el magistrado,menciona también que pueden estar involucrados en la maniobra todos aquellos que de una u otra manera hayan prestado colaboración mediante la emisión de facturas apócrifas con la intención de evadir.

Algunas de las facturas analizadas hasta podría tener vinculación con el famoso caso del Coprotur, en oportunidad de contratarse a una modelo top para un desfile llevado a cabo en el marco de la Feria USB, Una Sola Bahía.

Los investigadores no descartan la eventual participación en la maniobra de evasión de personal y autoridades de algunas sucursales bancarias y financieras de la ciudad habida cuenta los movimientos que se registran en algunas de las cuentas investigadas.

Como es de público conocimiento la ley establece que para que haya asociación ilícita debe haber tres o más personas y que exista cohesión entre ellos.

El escrito de la AFIP señalaría a Juan Suris como organizador de lo que llama “una banda”, aunque la investigación no se agotaría en las personas mencionadas, por cuanto le pide también al magistrado una serie de medidas probatorias que podrían alcanzar a personajes influyentes del ámbito empresarial de la ciudad, y más allá de nuestras fronteras también. En tal sentido, por ejemplo, se habla de una investigacion conexa, también por una denuncia anónima que habría recibido el Fiscal Antonio Castaño, y que involucraría a un integrante de la mesa directiva de una de las entidades empresariales que funcionan en la ciudad.

La maniobra con facturas apócrifas que se viene investigando desde hace poco más de dos años, alcanzaría una cifra global del orden de los 200 millones de pesos.