En un intento por conocer cuáles son los inconvenientes y las posibles soluciones a las demoras que se generan en la tramitación de expedientes vinculados con la contratación de obras públicas, los legisladores que integran la comisión de Obras Públicas se reunieron ayer con el ministro del área, Manuel Benegas, y los vocales del Tribunal de Cuentas.

Concluido el encuentro, Fabio Marinello, titular de la comisión, calificó la reunión como "conducente a buscar la resolución de los problemas" en relación a "temas tan complejos como la obra pública" y las dilaciones que son generadas por los distintos pasos administrativos de control. "Me parece que acá no hay que buscar culpables sino que hay que buscar como articulamos todos los mecanismos" para evitar demoras señaló.

Sostuvo que "el Ministerio de Obras Públicas ha planteado cuál es, a criterio de ellos, lo que genera el problema" y que la solución podría pasar porque el Tribunal de Cuentas audite únicamente la primera y la última certificación de obra, no así las intermedias. Benegas dijo que la pretensión es que "que los controles se hagan, lo que nosotros pedimos es que una vez iniciada la obra, tal cual lo dice la Ley de Obra Pública, el control sea más dinámico y posterior al pago del mismo". Postura esta que no fue compartida por el Tribunal de Cuentas en el entendimiento de que los atrasos no están motivados por la intervención del organismo sino en la demora en la remisión de la documentación.

Marinello precisó que la idea es seguir profundizando en el tema, y en ese marco adelantó una próxima reunión "donde esté la gente del Ministerio de Economía" para que "se acerquen soluciones" para evitar la actual situación "de demoras de varios días, incluso de obras que están en la etapa terminal de la obra", lo que estaría marcando que algunas de las demoras en la tramitación de los expedientes se registran dentro de la administración central.

Esta percepción fue compartida por la legisladora Ana Lía Collavino (FPV), quien sostuvo que en función de las explicaciones brindadas ayer "quedó evidenciado que hay un problema en el circuito administrativo en la tramitación de los expedientes entre los ministerios de Obras Públicas y el de Economía". Sostuvo que esta hipótesis se vio fortalecida cuando se indicó que "de 23 expedientes que se mandaron al Tribunal en 2009 sólo fueron a muestro 9, así que no se puede decir que las obras están paradas por responsabilidad del órgano de control", como así también cuando se reconoció que "la tramitación de los expedientes de obras del IPV en el Tribunal no presentan inconvenientes" aún cuando a estos se los somete al mismo régimen de control que a los del ministerio de Obras Públicas.

Mencionó que desde el TCP se sostuvo que la "observación a una certificado de obra no impide el pago del mismo, pero que la Contaduría General de Gobierno no libera los pagos hasta tanto no se levanten la observaciones planteadas por el Tribunal, y esta es un situación de la que no se puede responsabilizar al órgano de control".

Es más, afirmó que los funcionarios gubernamentales no dieron "ninguna explicación que me haya demostrado que la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas deba ser modificada, porque no surge que los problemas o las demoras tengan que ver con la ley". Apuntó, además, que "el ARI no puede quejarse de un supuesto exceso de control ya que siempre reclamaron que en la Provincia debía haber un estricto control sobre el gasto para garantizar de la total y absoluta transparencia en el uso de los fondos públicos".

Por otra parte, comentó que durante este encuentro surgieron algunos datos de interés tales como que "toda la obra pública se financia con recursos nacionales y que en la actualidad hay una sola obra en ejecución", o que "desde mayo de 2009 están inmovilizados en la cuenta específica del Fondo de la Soja 6 millones de pesos sin que se sepa porqué, y que otros 17 millones entraron directamente a la Cuenta General y no se sabe a qué obras se destinó esa plata".