La percepción del estado de ánimo reinante en la sociedad es el del hartazgo ante el enfrentamiento de los sectores y actores que componen el sector político, quienes a partir del caso mencionado no perdieron la oportunidad para continuar evidenciando su incapacidad política, sea para el debate profundo, sea para la construcción de concensos, o más grave aún, para pensarse y proyectarse en función de Estado. Más allá de las declaraciones de oportunidad, la cuestión tiene un único disparador: los salarios. Intangibilidad, autonomía para determinar remuneraciones e independencia de los poderes entre otros conceptos, sólo son mencionados para pretender encubrir una realidad incontrastable. En promedio el Estado destina el 90% del erario público a salarios y más allá de las pretendidas justificaciones lo cierto es que, a excepción de honradísimas excepciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, la relación "costo - calidad" presenta resultados amargantes. Nadie discute calidad, independientemente de si este concepto está referido a la salud, a la seguridad, a la educación, a la técnica legislativa o a la administración de justicia.

La determinación de la denominada "ley de leyes", esa que en los Estados serios merece profundos debates orientados a establecer auténticos acuerdos, en nuestra provincia estuvo a punto de desaparecer (durante 2008 y 2009 no hubo Ley de Presupuesto). Tras 24 meses de reconducciones, para el Presupuesto 2010 no sólo no existió el adecuado debate para su conformación, sino que su sanción terminó con la amenaza cierta de convertir la cuestión en un escándalo institucional de consecuencias inimaginables, y esto, créame, no es tremendismo.

Este estado de cosas no hace más que profundizar el abismo existente entre ciudadanos y gobernantes con el consecuente incremento de la apatía cívica, es decir el desinterés por la cosa pública en términos de acción protagónica, proceso que continúa minando la salud del sistema político, célula primigenia del sistema democrático.

Considero que aún al observador más avezado le costaría hoy determinar si es que nuestra Provincia vuela bajo o en realidad se está arrastrando. No es fácil interpretar de cuál modelo de provincia hablan nuestros representantes, ya que todo lo que viene ocurriendo plantea el interrogante si en realidad el interés que dicen tener por garantizar la institucionalidad de Tierra del Fuego es real o sólo una pantalla presentada hacia la ciudadanía ocultando la verdad última de sus intenciones, esto es la de copiar el modelo que se sabe existe en otras jurisdicciones del País donde la cuestión política pasa en realidad por una especie de confederación de señores feudales.

Dadas como están las cosas resulta realmente difícil imaginar a nuestra provincia como una comunidad. El ejemplo que cotidianamente vienen dando nuestros representantes lejos está de construir un modelo a copiar. Confrontación permanente, incapacidad de diálogo político, manifiesto desinterés o incapacidad para construir consensos y falta de imaginación para proponer alternativas innovadoras a la hora de tener que enfrentar situaciones de tensión propias de la vida institucional ,constituyen un acabado ejemplo de lo que sostengo.

Esta permanente y obscena presentación de actos de violencia gestual y dialéctica, donde cada uno de los integrantes de los poderes pretende imponer su voluntad merced a la extorsión política, materializando estas conductas mediante el cruce de veladas amenazas dejando entrever acciones a manera de represalia, sólo contribuyen a que la noción de Estado continúe evaporándose.

En función del lamentable comportamiento de los protagonistas, a quienes al decir del "Nano" resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más larga, la sociedad percibe que todo lo relacionado a las instituciones de la democracia está atravesado por la incapacidad y la corrupción. La inobservancia de las normas, la antojadiza interpretación de estas y la falta de equidad a la hora de aplicarlas según se trata de simples ciudadanos o de funcionarios (electos o no) y magistrados, abona la creciente pérdida de fe en la inteligencia de los gobernantes, en la equidad de los jueces y, en definitiva en el sentido mismo de la política.

Sin duda, el principal logro radicaría en el hecho de demostrar la capacidad de generar una política de acuerdos y consensos que permita de manera gradual y progresiva la superación de los obstáculos que tanto la coyuntura como la carencia de planificaciones a corto, medio y largo plazo, vienen presentando.

Considero que el desafío inmediato queda planteado: Tener la capacidad de marcar una distancia efectiva de actitudes autoritarias, cuasi patoteriles en términos de mala praxis política puede presentarse como un auténtico signo de evolución. Uno de los aspectos más destacables en este sentido está dado por la cualidad de privilegiar el reconocimiento y el respeto, generando con este comportamiento que el primero sea mutuo y el segundo recíproco.

Lo contrario, y la manifiesta falta de voluntad para trabajar en este sentido me lleva a preguntar: ¿Existe el Estado, o se trata más bien de un grupo de oportunistas ocupados en urdir una oscura trama de intereses que nadie sabe cómo ni cuándo se llegará a romper?