“Hemos tomado la decisión política de llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, si corroboramos que la familia tiene capacidad de pago pero no abona la cuota, iniciaremos la ejecución de la hipoteca”, advirtió el titular del IPV, Carmelo Simó. Para avanzar en firme con esta medida, dos equipos del organismo provincial irán casa por casa para intimar a los morosos y hacerles conocer que la cosa va en serio.

El objetivo del IPV es poner fin a un problema histórico: el alto nivel de morosidad, que actualmente llega al 47%. El principal problema se da en aquellos barrios entregados de diez a 15 años atrás, en donde la mayoría de los adjudicatarios han dejado de pagar la cuota mensual, la que oscila entre $20 y $59.

En algunos casos se trata de familias con serios problemas económicos o bien con miembros que sufren enfermedades graves, según Simó. Lo que se hace bajo estas circunstancias es ofrecerles facilidades de pago y otorgarles hasta un año de gracia. “Pero en otros casos –acotó el funcionario– hemos detectado que tienen poder adquisitivo como para afrontar los pagos. Aquí es donde encararemos todas las acciones que indica la ley para que se pongan al día; de lo contrario, llegaremos hasta la ejecución de la hipoteca”.

Hasta el momento, en 63 años de historia, en una sola oportunidad el IPV le ha quitado la vivienda a un adjudicatario con la casa ya escriturada. Ocurrió en setiembre del 2009 en San Rafael y se trató de una persona que ni siquiera pagó una cuota y tampoco había ocupado el inmueble. Como si fuera poco, el sujeto lo tenía alquilado, algo que –salvo excepciones– no está permitido.

Actualmente, el organismo trabaja en un segundo caso, en el que se llegará al mismo resultado.

Distinto es el asunto cuando la persona no ha llegado a escriturar el inmueble, pues en esa situación sólo basta una resolución del directorio del IPV y la posterior intervención del juez en lo penal de turno para tomar posesión de la vivienda. Este proceso lleva pocos días.

En los últimos años se han desadjudicado más de 30 casas con este procedimiento. Se trató de viviendas que no habían sido ocupadas por los beneficiados.

Con estos antecedentes en mano, el mensaje del organismo es bien claro: quien no paga deberá afrontar las consecuencias. Es así que en los próximos días la entidad que comanda Simó intensificará las visitas a los barrios donde se han detectado deudores.

“Se visitará en sus casas a los adjudicatarios que registran una alta morosidad, para saber por qué no pagan. Antes de ello les enviaremos una cédula indicándoles que se les cobrará por vía de apremio legal. Si no responden, iremos con trabajadoras sociales para detectar si realmente no pueden pagar, y de ser así, les daremos muchas facilidades”, expresó Simó. Y advirtió: “Si corroboramos que tienen capacidad de pago, iniciaremos la ejecución de la hipoteca”.

El trasfondo de la decisión política de ir por los morosos radica en que, históricamente, el IPV manejó fondos entregados por la Nación en forma de subsidio –sin devolución–, pero esta política dio un giro de 180 grados en el 2008 y ahora las provincias deben devolver a futuro los fondos que consiguen a través de ANSES.

Bajo estas circunstancias, mantener una alta tasa de morosos podría ser catastrófico para el Instituto. Por eso el objetivo es reducirla drásticamente.

Hasta ahora, un solo caso

En 63 años de historia, hasta el momento, en una sola oportunidad el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) le quitó la casa escriturada a un adjudicatario moroso.

El caso se registró en setiembre del 2009 y se trató de un beneficiario de San Rafael que jamás pagó una cuota y que, además de no habitar la vivienda, la tenía alquilada. Luego de un largo proceso judicial, el Instituto logró ejecutar la hipoteca y recuperar la casa.

Normalmente, los morosos son intimados mediante una cédula en donde se les advierte que deben ponerse al día en los pagos o bien se les cobrará por vía de apremio legal. Pero nunca se dio ese paso y, claro, las cuotas permanecían impagas.

Según Simó, esto comenzará a cambiar y se empezará a actuar para recuperar las viviendas de los morosos crónicos.

De hecho, el organismo se encuentra haciendo los trámites judiciales para hacer lo mismo con otro adjudicatario, situación que sería resuelta en los próximos días.

El trámite para desadjudicar una vivienda que aún no ha sido escriturada es más sencillo y, de hecho, ya se han recuperado más de 30. En este caso, el IPV emite la resolución pertinente y un juez ordena allanar el inmueble, y así el organismo toma posesión del mismo.