Lo dejaron deslizar en conferencia de prensa los legisladores del bloque Encuentro Popular. Indicaron estar de acuerdo con la continuidad de la tarifaria, pero no para «solventar privilegios». A fin de octubre vence la actual ley y el Gobierno necesita de fondos para pagar el «salariazo político». La única alternativa es aumentar los ingresos propios.
La fundamentación para sospechar de este posible incremento en lo que paga el sector privado en cargas tributarias, obedece a que la gobernadora Fabiana Ríos se ha visto obligada a suspender los efectos de la ley de aumento de su sueldo, porque no existen fondos para hacer frente a la erogación que ello implicará.
La única posibilidad de tener los recursos necesarios es aumentando los ingresos propios, ya que desde Nación es imposible que se aumente la coparticipación. Al contrario, a partir de enero del año que viene se descontarán los pagos de la deuda, porque vence el plazo del programa de desendeudamiento.
«Aplicar mayor carga tributaria para sostener esta ley, que lo único que busca es que la clase política se haga millonaria, nos parece una aberración», indicaron ayer los legisladores del bloque opositor.
Manuel Raimbault explicó que están de acuerdo con la continuidad de la tarifaria, porque se hace necesario contar con los recursos que surgen de sus efectos, pero con el fin que exista una justa distribución de los fondos públicos «no para que algunos se hagan millonarios y sostener privilegios».
De eso no se habla
Los legisladores de Encuentro Popular indicaron ayer que en el Gobierno se evita hablar de la situación financiera de la provincia, pero no dejaron pasar por alto la decisión de Ríos, de suspender la ley del «salariazo político» en el ámbito del Ejecutivo, porque no hay fondos.
«En este decreto, la Gobernadora deja en evidencia que hay una crisis económica de la cual el Gobierno no nos ha informado en detalle. Nosotros lo queremos saber, hicimos un pedido de informes que se debió contestar el viernes pasado, pero el ministro de Economía, Christian Ruiz, pidió una prórroga de diez días para dar respuesta», dijo Manuel Raimbault, legislador de la bancada opositora.
La conferencia brindada ayer por Raimbault, Verónica de María y Elida Deheza, fue para exponer su decisión de no cobrar el aumento en sus dietas, que sí tendrá efecto una vez que se promulgue la ley sancionada el pasado jueves por la Legislatura, ya que desde la presidencia de ese poder del Estado no se ha afirmado lo contrario.
Desde esta única oposición legislativa se planteó que, «desde el hecho que los legisladores oficialistas votaron a favor de ésta ley, es evidente que el Gobierno está de acuerdo con este salariazo político», ya que si tanto Fabio Marinello como Norma Gildstein no votaban, «no hubiera surgido este problema que ahora tenemos».
Silencio de los inocentes
Desde la bancada de Encuentro Popular se planteó la necesidad que los legisladores electos, que serán los más beneficiados con la ley sancionada, digan «una palabra» sobre esta cuestión del «salariazo político».
Raimbault puso bajo sospecha cierta complicidad, atento que en la semana que se votó la polémica ley se concretó una reunión de todos los electos donde, seguramente, se habló del presupuesto que se asignará a la cámara legislativa para el año 2012.
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