Consultando a expertos sobre el espíritu y la intencionalidad de los cambios en los códigos de procedimientos (Civil, Comercial, de Familia, Laboral y Penal) y en la creación de nuevos juzgados, todos coinciden. La finalidad es la misma: resolver las controversias entre partes lo más rápido posible.

Jueces más involucrados en las causas

El cambio en los procesos más importantes tiene que ver con la obligación del Juez de involucrarse directamente en el comienzo de un juicio, a fin de resolverlo –en la medida que se pueda- en las primeras instancias o bien, dejar “la cancha marcada” para determinar por donde discurrirá el proceso judicial, buscando eliminar las dilaciones burocráticas o las chicanas que apuntan a ganar tiempo.

Expertos como Cecilia Britto –secretaria Parlamentaria y coordinadora de la comisión redactora de las nuevas leyes-, Martín Ayala, titular del Colegio de Abogados, o el diputado Juan Carlos Agulla (abogado, ex secretario de Trabajo), quien preparó los fundamentos del proyecto de ley, coinciden en que la “audiencia preliminar” es la novedad más trascendente para lograr esta mayor celeridad. Implica, también, un gran cambio cultural ya que el juez está obligado a conocer la causa, leer directamente los expedientes y ya no puede delegar esta función en un subalterno (secretario, asistente) de su tribunal.

En esta audiencia se define casi todo. El juez pide explicaciones, aclaraciones, en cuanto a los hechos, a las pruebas presentadas, descarta lo que le parece que no aporta nada al proceso, busca una conciliación, en forma total o parcial. Descarta caminos aleatorios, dice “por acá vamos a definir este juicio”.

¿Cómo funcionaba hasta ahora?

El juez, en muchas ocasiones, no intervenía en estas primeras instancias de un conflicto, y rápidamente se acumulaban un montón de pruebas, argumentos, pero también estratagemas destinadas a dilatar los plazos, o trámites que no tenían otra finalidad que “embarrar la cancha”, todo eso va a un gran expediente que va creciendo y creciendo y lentifica no solo el trámite de ese juicio en particular, sino de todo el juzgado (tribunales colapsados).

Para que la audiencia preliminar, donde se deberían dirimir muchos conflictos en forma rápida, aprovechando la autoridad del Juez, funcione, todos coinciden en que el juez debe trabajar mucho más, ya que debe llegar a esa audiencia con un conocimiento cabal de lo que está reclamando y con qué argumentos cada parte.

Por eso se dice que la reforma no servirá de nada si no hay un cambio de actitud del Poder Judicial, que implica asumir un compromiso más activo con la administración de Justicia.

Notificaciones: cuando el testigo “clave” vive en las islas Malvinas

Hasta ahora, para notificar a un testigo de su citación -por ejemplo-, el abogado de la parte debe notificar por escrito al juzgado, el juzgado prepara el oficio y lo despacha a la oficina de Oficios y Mandamientos de la Justicia misionera, y esta oficina despacha el escrito (todo por correo postal). Es un trámite lentísimo, que insume semanas y/o meses (algunos expertos nos contaron que hay juicios donde, para dilatar el proceso, algunos abogados citan a testigos que viven en lugares remotos y/o de difícil acceso, como las Islas Malvinas).

Ahora bien, la incorporación de la tecnología a la Justicia no será total. Por lejos la Justicia es el estamento público al que más le cuesta incorporar tecnología. Cualquiera puede comprobar lo que se aceleraron los trámites en organismos como la ANSES o la AFIP, sin embargo las montañas de expedientes de papel (cocidas con hilo) no desaparecerán.

“Hay una gran resistencia la cambio, hay una sacralizad con el papel en el mundo de los abogados”, reconoció la doctora Cecilia Britto. En este sentido, se logró avanzar en forma parcial con algunos procedimientos que se realizarán por vía electrónica, pero seguirán existiendo las cédulas y las notificaciones en papel.

Algunos de los avances prevén que en caso de notificación por cédula realizadas por acta notarial; cuando la cedula deba notificarse en el domicilio legal también puede realizarse por medios electrónicos, a través de documentos firmados digitalmente.

Por otro lado, se establece que se aceptará el uso de la firma digital en los escritos presentados por vía electrónica y se prevé la exigencia de presentación de escritos por vía electrónica.

Fuero Laboral

En cuanto al fuero laboral, uno de los que más contacto tiene con una parte de la población, sobre todo de la clase media (¿cuánta gente tuvo su único contacto con el mundo de la Justicia a través de un juicio laboral, cualquiera sea la parte en la que estuvo involucrada?) se introducen algunas novedades, también buscando lograr resoluciones rápidas.

Aparte del trámite ordinario, se incorpora un proceso más abreviado para determinados casos, acciones de pronto pago.

Trámite rápido para pequeños montos reclamados

Se han simplificado los trámites para estos “procesos abreviados” para aquellas causas pequeñas que demanden el pago de una suma de dinero pequeña. Por ejemplo: una empleada doméstica que trabajó tres meses y reclama 500 pesos que le están debiendo.

“Para esa persona, ese monto es muchísima plata y no puede estar esperando”, explica el diputado Juan Carlos Agulla, quien fue abogado laboralista y secretario de Trabajo de la provincia.

También se determinó, acerca de ciertas acciones de daños y perjuicios en el marco de un conflicto laboral, que antes iban generaban dudas respecto si tenían que estar en el fuero Civil. Se resolvió que ahora estarán en el fuero laboral.

El juez puede entrar a la empresa

Se le da poder de policía al Juez para allanar una empresa y retirar documentación (en caso de que haya una obstrucción), algo que antes estaba solamente en la órbita del juez penal o la autoridad administrativa (Ministerio de Trabajo).

Que las causas no queden en un limbo

Se regula la caducidad de los plazos, que antes no estaban del todo claros. Eso permitirá que muchos juicios no queden en un “limbo” como pasa en la actualidad, porque no se determina si hay que archivarlos y saturan los juzgados y distraen los recursos –siempre escasos- de personal en los tribunales.