López fue contundente respecto del reclamo: "Los abogados Zeinsteger, Garayo y Clerici figuran como patrocinadores legales de las sanciones que se ejecutan sin previa intimación", precisó y abundó: "Un socio de nuestra entidad recibió en el mismo acto una multa de $400 por una bolsa con basura que había en la puerta de su local, y la liquidación con los honorarios de los abogados, por más de $2000. La municipalidad no tiene que permitir que estos abogados cobren semejante suma de dinero".

Los casos se repiten con multas presuntamente acordes a la sanción que se imputa, adjuntando el ítem facturado por un estudio jurídico presuntamente habilitado por la Municipalidad de Resistencia para intervenir en estos casos. Mientras esto sucede, "los que practican el comercio ilegal están en la calle y gozan de total impunidad sin nigún tipo de molestia por parte del municipio", se quejó López.

Además, la nota remitida por el presidente de la Cámara de Comercio al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Resistencia, Carlos Salom, expresa el "total desagrado" de López "por las continuas presiones que los comerciantes vienen sufriendo por los inspectores dependientes de la Dirección General de Inspecciones de la Municipalidad de Resistencia, los cuales labran actas a discreción y sin fundamentos acorde a las ordenanzas vigentes, persiguiendo a comerciantes de renombrada trayectoria de nuestro medio que practican su actividad en forma legal; y mirando para otro lado cuando de comerciantes ilegales se trata".

En tal sentido solicita al funcionario "arbitre los mecanismos necesarios para cesar con este proceder irregular por parte de los inspectores y permita a los comerciantes trabajar si entorpecer su actividad, mejorando los procesos administrativos y de inspección".

Al respecto, López precisó que al atropello de las multas se suma la falta de idoneidad de una parte del personal municipal que realiza las inspecciones, sobre todo en el área de Bromatología, y reiteró la necesidad de que se elabore un protocolo al que tengan acceso tanto los inspectores como los comerciantes, de forma tal que éstos sepan cuáles son, con exactitud, las exigencias que se les hará. "Queremos que esté establecido qué requisitos tiene que tener una carnicería o una panadería, y qué es lo que tiene que pedir un inspector. Hoy pueden exigir las cosas más disparatadas que por supuesto el comerciante desconoce".

Otro de los aspectos que consideró inaceptables es una "práctica" que genera, cuanto menos, sospechas: "Nos encontramos con comercios a los que les otorgan las habilitaciones por un año, y 48 horas después de que vence la habilitación reciben la visita de un inspector que inmediatamente labra una multa, y después viene la ejecución. Hay comercios que están funcionando desde hace 20 o 30 años en la más absoluta legalidad, y en dos días se encuentran con esta situación. Evidentemente hay una 'trama' para facturar".