En la misma semana en que se conocieron las duras críticas sobre el equipamiento de bomberos zapadores, realizadas por una agente del mismo cuerpo, trascendió que el gobierno provincial pretende adquirir dos carros hidrantes antidisturbios, por compra directa amparándose en la ley de emergencia en seguridad. Esto motivó un pedido de informes del diputado provincial Eduardo Toniolli (FpV): "Nos sorprendió una compra de dos camiones hidrantes antidisturbios que el Ejecutivo provincial va a realizar a través de una gestión directa, es decir, prescindiendo del mecanismo de licitación pública. El pedido de informes persigue obtener respuestas técnicas, por ejemplo, por qué se recurre a un mecanismo que supone cierta urgencia en la adquisición de determinados bienes, pero el expediente está abierto desde abril. Es decir, tranquilamente se podría haber llamado a una licitación. Otro aspecto llamativo es el adelanto de un 15 por ciento del monto total de la compra a la empresa elegida, mecanismo que se justifica cuando se trata de una construcción, por la necesidad de acopiar material o de una inversión previa".

De igual manera el legislador apuntó que "sumado a estos interrogantes técnicos, también nos preguntamos porqué se recurre a los recursos incorporados al Fondo para la Asistencia en Seguridad Pública y Prevención Ciudadana, creado en el marco de la Ley 13.297 de Emergencia en Seguridad Pública a través del Decreto Reglamentario 0113/13. En primer lugar, la compras directas a las que habilitaba esa Ley eran de hasta 50 mil pesos, monto ampliamente superado en este caso; pero además, la compra de camiones hidrantes no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu y los objetivos de la 'emergencia en seguridad' que dictó el Poder Legislativo provincial, salvo que el gobierno provincial considere que los conflictos sociales o gremiales, o las manifestaciones públicas configuran una amenaza para los santafesinos".

En la misma línea reclamó "ver el expediente, si el único argumento para realizar un compra directa es el encuadramiento en la ley de emergencia en seguridad, primero hay que decir que no se ajusta a los montos que la misma prevee, y segundo que tampoco se condice con los objetivos que la misma se propone".

"Cuando el Ejecutivo -agregó- a través de su 'veto propositivo', recortó algunas de las herramientas más virtuosas que planteaba el proyecto original -por ejemplo la obligación de separar de las cúpulas policiales a aquellos miembros de la fuerza que estén siendo investigados por la justicia ﷓, desde el bloque del Movimiento Evita decidimos no acompañar la sanción de la Ley, evaluando que lo único que había mantenido en pie el Gobernador era esta posibilidad de abreviar procedimientos administrativos para las compras en el área".

Finalmente Toniolli apunta a la oportunidad de la compra: "Este equipamiento, ¿es el resultante de una necesidad prioritaria?" se pregunta. "En la historia reciente de nuestra provincia, no se han registrado manifestaciones de la magnitud y características -masividad y violencia﷓ que requerirían su disuasión mediante la utilización de herramientas represivas. Es obvio que hay otra prioridades", sentenció.