La Asociación Docentes de Santa Cruz señaló ayer que el acuerdo que emitió el Consejo Provincial de Educación es “una vez más, en detrimento y agravando la situación”, “tomando una serie de medidas con las que, a nuestro entender, en lugar de solucionar el conflicto, lo pretende extender en el tiempo”, dijo el titular gremial Pedro Muñoz en conferencia de prensa convocada en la sede provincial.

El dirigente dijo que “las mismas expresiones de los considerandos del acuerdo, que hablan de tomar medidas mientras dure este conflicto, expresan claramente que no hay voluntad ni decisión de solucionarlo”.

Por el contrario, cuestionó Muñoz que “en vez de atender el problema de fondo, que tiene que ver con la resolución de este conflicto en forma inmediata, se toma una medida de esta naturaleza, que se prolonga en el tiempo y nos da a entender que el gobierno no quiere sentarse a discutir”.

El dirigente opinó que “este acuerdo, para la ADOSAC, obedece a criterios totalmente reaccionarios de un gobierno que se presenta como progresista, popular y que con medidas como ésta, que atentan contra el régimen de licencias, contra la ley de asociaciones sindicales, que violenta la normativa, nos coloca hoy en una situación de prolongación del conflicto”.

A su turno, la vocal provincial Mónica Galván precisó que por este acuerdo, como se denominan a las resoluciones que se toman en el seno del Consejo Provincial de Educación, “se violenta la normativa que rige nuestras inscripciones en la Junta de Clasificación”, cuando ahora permite que “diariamente se puedan inscribir personas y además, esos listados quedan en manos de los vocales por el Ejecutivo, ya que los vocales electos de todas las juntas están con la medida de fuerza”. Es así que cuestionó la dirigente “una vez más, quedamos a merced de la manipulación que se pueda ejercer en los listados y que fueron razón de muchas denuncias en años anteriores, donde modificaban puntajes para favorecer a los amigos del poder político”, como asimismo dijo que “anula la instancia jerárquica que tenemos como norma de designación a un maestro, siendo ahora el director provincial de Nivel, que es un cargo político, quien podrá designarle un maestro”.

Galván fustigó que “no solamente a los maestros pretenden ponerles suplentes, sino que también a los propios cargos jerárquicos”, como asimismo continuó refiriendo que “atenta con toda nuestra legislación”, cuando “hay compañeros que están en excepción, en la carga horaria, porque no hay con quién cubrir los cargos en distintas localidades o no hay recursos humanos para determinadas asignaturas, y también está establecida la norma de esas excepciones y cómo se da la baja”. “También se violenta cuando se determina dar de baja a todos esos cargos en excepción, ya que están llevando adelante la medida de fuerza”, sentenció.

Práctica desleal y atentado contra el derecho de huelga

Así catalogó la dirigente a la actitud del gobierno en su accionar frente al conflicto docente, al tiempo que expresó: “hubiésemos preferido que el CPE, en lugar de reunirse solamente los representantes del Poder Ejecutivo para sacar este acuerdo, porque nuestros representantes docentes también están de paro, se hubieran reunido para tratar de solucionar este conflicto”.

Una mención aparte hizo Galván al párrafo del acuerdo donde dice que las medidas son “hasta que subsista el conflicto”, para enfatizar que “según lo que ellos plantean, es de acá a la eternidad”.

La dirigente advirtió asimismo, “cómo va cambiando el discurso oficial, cuando primero la gran solución era la conciliación obligatoria para que nos pudiéramos sentar a negociar, luego sale el gobernador (Daniel Peralta) a decir que no tiene otra propuesta, lo que ratifica lo que decíamos, que esto era una trampa para que nosotros volvamos a las aulas, y después las declaraciones del presidente del CPE de decir que somos los docentes mejores pagos del país, sin ninguna acotación a lo que sale nuestra canasta familiar, y después dice que somos los mejores pagos de nuestros colegas patagónicos”.

En contraposición, remarcó Galván, “día a día ellos van cambiando su discurso, mientras nosotros sostenemos lo que decimos porque siempre hemos dicho la verdad, no manipulamos la información ni engañamos a la comunidad” y en este punto, reiteró que “el maestro ingresante cobra 3500 pesos y si tiene doble cargo, cobra 2400 pesos, porque no se pagan todos los rubros en los dos cargos”.

Incurre en práctica desleal

A su turno, el asesor gremial Enrique Papa cuestionó la medida por pretender modificar normativas superiores vigentes, como leyes provinciales o el propio Estatuto Docente, como asimismo refirió que por atentar contra la negociación colectiva, hace pasible de ser querellados el CPE y el gobierno “por práctica desleal, que es la que estipula la Ley Nacional 23.551 en su artículo 53”, por no acceder a la negociación colectiva ante reiterados pedidos de la ADOSAC desde agosto pasado.

El letrado dijo que “este acuerdo agrava esta práctica desleal, porque atenta contra el derecho de huelga y además está destinado a perjudicar a los trabajadores que están con medidas de fuerza”.