En medio de una polémica sobre posibles conflictos de intereses de integrantes del futuro gobierno, Chile se encamina a tratar en el Congreso un proyecto de ley que establece la obligación para todos los presidentes de crear un fideicomiso ciego para la gestión de sus bienes, luego de la elección del millonario empresario Sebastián Piñera como presidente de ese país. En un caso inédito en América Latina, que sigue los ejemplos de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, el líder de la Coalición por el Cambio optó por ceder la administración de su patrimonio de 2 mil millones de dólares a cuatro entidades financieras y bancarias para no obtener ventajas económicas en su posición al frente de la Moneda.

"Yo me siento y soy un emprendedor. Estoy orgulloso de serlo y quisiera morir como tal. Siento una verdadera alegría y un sano orgullo por todas las empresas e instituciones que he contribuido a crear y desarrollar", aseguró Piñera en abril de 2009, al anunciar que voluntariamente cedería el control de sus bienes al Banco BICE, a Celfín, Larraín Vial y Moneda Asset. Durante la campaña política, la Concertación cuestionó los negocios del candidato de la derecha y su voluntad por lo público. "Los dirigentes oficialistas sucumbieron a la facilidad de criticar a Piñera por este tema. Los parlamentarios y el gobierno trataron de enfocar el asunto en él y en nadie más. Luego, se olvidaron del proyecto", aseveró el diputado de Renovación Nacional Cristian Monckeberg a PERFIL, defendiendo a su líder político.

La polémica impulsó que el Congreso tratara un proyecto de ley que fomentara la transparencia en el patrimonio de dirigentes con una posición económica prominente, legislación que había comenzado a ser discutida luego de la primera candidatura presidencial de Piñera en 2005. "Esta medida se tornó más urgente cuando fue más probable que ganara las elecciones una persona con un patrimonio muy grande como Piñera. Es cierto que se empezó a discutir por eso", admitió a este diario el legislador de la Democracia Cristiana Jorge Burgos, integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

El fideicomiso ciego o "blind trust" es una figura legal que garantiza que las autoridades otorguen a terceros, con los cuales no debe haber ningún tipo de contacto ni relación, un mandato irrevocable para la administración de su patrimonio durante el período que desempeñen sus cargos. El objetivo del proyecto es evitar conflictos de intereses y transparentar la política, y está destinado a integrantes del poder ejecutivo que administren fondos públicos. En un principio, apuntaba a quienes tuvieran más de 20 millones de dólares, pero luego se orientó a todos los futuros primeros mandatarios y a los ministros y los intendentes que desde el Estado tuvieran que regular o controlar el precio y la actividad de sus propias empresas.

En los Estados Unidos, una legislación similar obligó al alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, a crear un fideicomiso para que administrara sus bienes, calculados en 17 mil 500 millones de dólares. En ese país, se previó la creación de estos fondos para que los empresarios que se convirtieran en políticos no aprovechasen el mandato popular para abultar sus cuentas bancarias.

"Se requiere una legislación clara, pareja y eficaz para regular la legítima actividad privada de quienes tenemos una vocación de servicio público. Los gobiernos de la Concertación vienen anunciando esa ley desde hace ya 10 años y se ha convertido en un verdadero cuento del lobo. Creo que nunca han tenido verdadera intención de legislar en esta materia y la han utilizado para perjudicar mi opción presidencial", disparó Piñera cuando conformó el fideicomiso, sin que la ley, que todavía no fue aprobada por ninguna de las dos cámaras, se lo obligara. Así, buscó zanjar las críticas de su adversario Eduardo Frei y de la centroizquierda y sacudió el escenario político, al manifestarse a favor de la medida, lo que le daría un nuevo impulso en la Cámara Baja al tener también el apoyo de la derecha.

Sin embargo, su decisión de crear una fundación para administrar Chilevisión, uno de los más canales de aire trasandinos más importantes, fue muy criticada desde todo el arco político, al considerar que el canal debería ser vendido para evitar conflictos con su futura actividad. "Si estuviera vigente la ley de fideicomiso, tendría que vender su participación en el canal de televisión. Este atajo de crear una fundación es bastante complicado porque le tendrá que rendir cuentas a él", asegura Burgos, que estuvo reunido en el Palacio de la Moneda esta semana para tratar con más celeridad el proyecto.

"Mucha gente en política tiene su interés, su riqueza y su patrimonio y está bien que lo tenga. Pero que los bienes los administre un tercero le da más tranquilidad a todo el mundo. Esto va a ser un ejemplo en Latinoamérica y tendría que aplicarse en otros países", afirma desde Santiago de Chile Monckeberg, que sabe que en la Argentina y el resto de la región este tipo de legislaciones brillan por su ausencia.