ADEUCO propone que la telefonía celular sea un servicio público

La Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de la Provincia de San Luis, pide que se modifique la Ley Nacional de Telecomunicaciones, o bien se sancione una ley en particular, posibilitando declarar la telefonía celular como servicio público.
“Consideramos oportuno, hacerles llegar nuestra posición, atento a que han recabado la opinión de asociaciones de consumidores colegas, en una reunión conjunta de comisión, y habida cuenta que existen, dos proyectos que se encuentran a vuestra consideración, de autoría de los señores senadores Rubén Giustiniani y Blanca Osuna”, menciona el comunicado.

El mismo agrega: “ADEUCO, que tiene una trayectoria de trece (13) años en la defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios de la provincia de San Luis, tiene a la cabeza del registro de reclamos, los interpuestos por los usuarios en temas relacionados a las comunicaciones, ocupando el primer lugar, los reclamos en la telefonías celular, seguido de Internet y telefonía fija. La construcción de una arquitectura legal, que regule y le de mayor intervención al estado, es una necesidad imperiosa, ya que no se puede seguir considerando a la telefonía celular como un servicio “Premium”, cuando hoy esta al alcance de todos los ciudadanos, independientemente de su actividad, profesión o capacidad económica.

Las estadísticas reflejan lo antes dicho, al punto que si hablamos de telefonía celular, según las últimas estimaciones, tendríamos más de 58 millones de líneas habilitadas, en un país de poco más de 40 millones de habitantes. La telefonía celular sigue ganando terreno, y supero enormemente a la tradicional telefonía fija (categorizada como un servicio público), la que tiene solo 8 millones de líneas, aproximadamente. Según datos de la consultora TNS, 6 de cada 10 argentinos tiene al menos un teléfono móvil y es una tendencia que continúa en ascenso.

Entendemos de suma importancia, avanzar en un marco de regulación y de mayor protección de los usuarios, impidiendo que, por ejemplo, las tarifas sean establecidas unilateralmente por los proveedores de estos servicios, sin ningún control estatal. Pero no solo debe contemplarse la cuestión tarifaria, sino también establecer mayores parámetros de calidad del servicio, y controles de inversión de las empresas, de manera de garantizar que las mismas, cumplan con la demanda que generan.

A la espera de que puedan darle tratamiento en el menor tiempo posible, a estas iniciativas que redundaran en un beneficio para millones de usuarios, aprovechamos la oportunidad para saludarlos con distinguida consideración”.

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