Y se reservó la posibilidad de hacer lo mismo con el filósofo Mario Carlos Casalla, quien declaró ayer sobre su paso por la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

El pedido contra Sosa es porque aseguró que el 24 de marzo de 1976 ayudó a escapar al ex ministro de Gobierno de la gestión de Miguel Ragone, Enrique Pfister, y que por esto fue dado de baja de la Policía provincial, pero lo contradicen el abogado Juan Carlos Antonio Issa, que declaró ayer, y el propio Pfister, quien declaró en la primera parte de la causa por el secuestro y desaparición de Ragone y afirmó que para el 11 de marzo de 1976 ya estaba en Buenos Aires.

“Eso es totalmente falso. Pongo las manos, si quiere en el fuego, eso es totalmente falso. Falso lo que dijo el doctor Sosa”, sostuvo Issa respecto de la versión de que Pfister había sido sacado de Salta con la ayuda de Sosa, el día del golpe. “Pfister se fue antes del golpe del 76.

Le habían volado la casa”, recordó. Contó que la salida del ex ministro de Gobierno ragonista se aceleró cuando fue detenido al regresar de Buenos Aires, en el mismo avión en el que venían el interventor de la Provincia, Ferdinando Pedrini, y el diputado nacional Julio Mera Figueroa.

“Venía en el avión con ellos y la Policía lo detuvo. (…) En el 75 o principios del 76, antes del golpe, antes del secuestro de Ragone, vino con el interventor y con el diputado y Guil lo metió preso y con la mediación de monseñor (Mariano) Pérez lo hicieron salir” y se fue a Buenos Aires, “y nunca más volvió. Vivía en La Lucila”, luego fue a la embajada de Venezuela y de ahí salió del país, aseguró Issa, quien había sido convocado para que declarara en relación a los secuestros y desapariciones del ex policía federal y agente de inteligencia Juan Carlos Parada de Mallo, y de su esposa, Marta Beatriz Cascella.

El fiscal recordó que en la causa Ragone, Pfister dijo que no podía hablar sobre el secuestro del ex gobernador porque para entonces, 11 de marzo de 1976, ya no estaba en la provincia.

Un asesor

Sosa fue asesor legal de la Policía de Salta desde noviembre de 1974 hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado, según él, por haber ayudado a escapar a Pfister, aunque le pagaron una indemnización.

En el Juicio por la Verdad el abogado ha sido vinculado con la obtención de beneficios económicos al amparo del terrorismo de Estado. La concejal Lucrecia Lambrisca sostuvo que le pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre, el ex preso político Oroño lo ubicó en el lugar donde era torturado, y Mario Zenzano aseguró que le transfirió un terreno para que mediara con la Policía.

Sosa figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036, en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), y en su testimonio, el 17 de septiembre último, se reivindicó “amigo” del ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, juzgado en este proceso y ya condenado por violaciones a los derechos humanos.

También se fastidió con las preguntas del fiscal: dijo que parecía que lo estaban investigando a él. La respuesta del fiscal llegó ayer.