Cémida Ugarte de González es una vecina del Departamento San Cosme, más precisamente del paraje Gómez Cué (a 20 kilómetros de la Capital provincial) que desde 1986 habita junto a sus hijos y familiares en un predio de 28 hectáreas donde edificaron tres casas, tienen animales y plantaciones. Sin embargo, estos detalles habrían pasado desapercibidos para las autoridades del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, más conocido por su sigla Icaa, ya que vendieron el terreno a un particular que ingresó de improviso -según denunció Ugarte- con operarios y agentes policiales "usurpando nuestras tierras sin mediar palabras", acusó la damnificada.

De acuerdo al relato de la denunciante, el Icaa traspasó un terreno privado a un señor de apellido Celía, que se introdujo en la propiedad de la familia Ugarte González y alambró una parte del predio. Pero la avanzada no fue hecha en soledad, "este señor se presentó con un abogado de apellido Zapata", comentó a EL LIBERTADOR la señora Cémida, quien indicó que el legista les ofreció una salida pacífica a un "malentendido burocrático".

Se acordó así la contratación, a cargo de la parte ingresante, de un agrimensor para que delimite una fracción de tierra, dejando el resto (mayoritario) para los residentes originarios.

La excusa manifestada por los "visitantes" no tuvo razón de ser, ya que según Ugarte de González, el compromiso de que sólo iban a tomar una parte de las 28 hectáreas, "algo que se aceptó con la promesa de una nueva mensura y acuerdo formal", quedó en la nada.

Se había consensuado que el nuevo vecino haga uso de 6 hectáreas. Pero la sorpresa de la familia que reside hace décadas en el paraje Gómez Cué fue tremenda al enterarse que los planos que les entregaron no fueron los mismos que se presentaron ante Catastro, sino que se dispuso como efectiva la mensura del Icaa, que enmarca los 280 mil metros cuadrados.