Funcionarios públicos que hacen todo lo posible para darle -dentro de la órbita del Estado- trabajo a los familiares (esposos, hermanos, hijos y demás ramas del árbol genealógico) es una historia bastante trillada, pero nunca pasa de moda.

En esta ocasión, las incorporaciones se produjeron dentro del cuestionado Sistema Penitenciario mendocino que en los últimos meses cobró relevancia nacional e internacional cuando trascendieron filmaciones de las torturas a las que eran sometidos, por un grupo de guardiacárceles, los reclusos en el Penal San Felipe.

David Mangiafico, director General del Sistema Penitenciario, y Martín Aveiro, secretario de Deportes de la Provincia, ya tienen a su esposa, el primero, y la hermana, el segundo, trabajando dentro del sistema.

Beneficiarias

María Lorena Sánchez y Gabriela Aveiro pasaron a engrosar el cuerpo de abogados dentro de la órbita de la Dirección de Derechos Humanos. En ambos casos lo hicieron con el rango más alto, subadjutores y también podrán gozar del régimen de jubilación especial que tiene el servicio penitenciario.

Los nombramientos de las profesionales figuran en el decreto 3.447 publicado el 15 de febrero y se hizo efectivo a partir de marzo ya que, primero, debieron renunciar a sus respectivos trabajos, Sánchez en el EPAS y Aveiro en el hospital de Tunuyán.

Carlos Quiroga Nanclares, subsecretario de Justicia, fue la voz cantante del Ejecutivo y defendió a capa y espada las designaciones como engranajes necesarios dentro de un "sistema integral y multidisciplinario" que tiende a recuperar y asistir a las personas privadas de su libertad.

El funcionario remarcó que "no hay incompatibilidades" y "son destacadas profesionales que están comprometidas con los Derechos Humanos".

En los argumentos de defensa, el subsecretario explicó que: "la esposa de Mangiafico ya estaba en planta del Estado, en el EPAS, y solo se reasignó". Asimismo, el funcionario agregó que "además, no es una salida salarial porque antes ganaba más que ahora, y Aveiro tenía un contrato de locación en el hospital de Tunuyán".

Pedido de informes

Estas designaciones motivaron a los legisladores a salir a pedir explicaciones al Ejecutivo. El primero fue el diputado Daniel Cassia, del PJ Federal, quien impulsó un pedido de informes en la Cámara Baja que fue aprobado por unanimidad la semana anterior. En tanto, el demócrata Aldo Vinci insistirá en la Bicameral de Seguridad para que asistan los funcionarios.

Entre los fundamentos que expresa el legislador sostiene que "en las designaciones (en el Sistema Penitenciario) figuran personas vinculadas por lazos familiares con actuales funcionarios del Poder Ejecutivo; si bien esto no constituye una falencia institucional, sí lo es desde el punto de vista ético".

Al ser consultado por Los Andes, Cassia elevó el tono de la crítica y aseguró que "la necesidad más importante que tiene la el Sistema Penitenciario en la provincia es de enfermeros, médicos, psicólogos, asistentes sociales y sobre todo para seguridad interna y externa, pero vemos algunas cuestiones poco claras y surge el nombramiento de familiares. Para mí esto es una situación irregular, no debería darse en la función pública, y mucho menos cuando se piden por necesidad leyes flexibilizadoras y de los agentes que ingresan para seguridad ya hay quienes tiene destinos administrativos", denunció.

Cassia también puso en duda la necesidad de tantos letrados cuando hay situaciones más apremiantes: "¿Hará falta 20 abogados"?, me parece excesivo.

Quiroga Nanclares ni se inmutó por los cuestionamientos que bajaron desde la Legislatura y retrucó con números en la mano.

"Entre 2007 y 2010 ingresaron 1014 personas y el 74% son agentes de seguridad. El año pasado fueron 210. También se incorporó 18 administrativos, 4 psiquiatras, 14 psicólogos, 8 trabajadores sociales, 10 enfermeros, 18 abogados, 7 educadores", enumeró.

El subsecretario pasó revista de las designaciones con el fin de transmitir que "se tiene una visión integral del sistema para que el interno tenga un proceso de recuperación y para eso se necesitan profesionales", se justificó.

¿Tantos abogados?

"Hace falta uno por complejo, al menos, hay que responder planteos administrativos o de los magistrados, garantizar los derechos de los internos, tomar denuncias, compulsar expedientes", detalló Quiroga Nanclares.

En Diputados, los integrantes de la bicameral de Seguridad, el radical Luis Petri y el demócrata Aldo Vinci, esperan que el Ejecutivo responda a la brevedad los interrogantes.

"Hay que ver si contribuyen al sistema o, si por el contrario, son meros nombramientos políticos", dijo Petri.

En tanto Vinci expresó: "No comparto la designación de parientes y más que abogados es necesario incorporar profesionales de la salud, física o mental, enferemeros, trabajadores sociales, docentes, mayor números de personas capacitadas para seguridad. Ya hay un números significativo de abogados como para decir que la situación exigía los nombramientos".

Más allá de esperar la respuesta al pedido de informes, el diputado Vinci adelantó que durante esta semana hará que la Bicameral de Seguridad, de la cual es vicepresidente, cite a los funcionarios responsables del área para dar las explicaciones del caso.