Los directivos de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, desde donde se habrían pergeñado varias maniobras para sacar dinero al exterior perteneciente supuestamente al empresario Lázaro Báez, denunciaron que el fiscal que investiga la causa, José María Campagnoli, lo hizo para favorecer a su hermana Marcela Campagnoli, exconcejal de Pilar, e integrante del espacio UNEN, que lidera en la Ciudad de Buenos Aires Elisa Carrió.

Jorge Norberto Cerrotta, Eduardo Guillermo Castro, Alejandro Ons Costa y Juan Ignacio Pisano Costa, de SGI, aseguran que Campagnoli actuó sin competencia en el caso y que lo hizo porque su hermana Marcela es amiga de la diputada Carrió.

Para los directores de SGI Campagnoli conspiró junto a Carrió, el periodista Jorge Lanata y el Grupo Clarín para, a través de los hallazgos realizados por lavado de dinero, "perjudicar" y desestabilizar al gobierno nacional en las elecciones.

Calificaron el caso como de "gravedad institucional" para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia para que revise la confirmación de Campagnoli para seguir investigando la extorsión a Elaskar dispuesta por la jueza de la causa María Gabriela Lanz. En base al descubrimiento de la relación entre Marcela Campagnoli y Carrió y la descripción de la supuesta maniobra para minar electoralmente al kirchnerismo, los directores de SGI volvieron a pedir que el fiscal se aparte del caso. Ahora analizará la nueva denuncia la Cámara del Crimen que deberá tomar una decisión.