Ya a mediados del año pasado, la investigación en curso había levantado críticas de la comisión de Familiares de Víctimas de Curuguaty, ya que buscaba esclarecer solamente las responsabilidades por la muerte de los 6 policías durante el enfrentamiento, mientras dejaba a un costado el asesinato de los 11 campesinos y las pruebas que demuestran la responsabilidad policial en la masacre.

El jueves, organizaciones civiles realizaron una manifestación frente a la Fiscalía en repudio a la decisión del fiscal José Zarza de imputar a tres campesinos por invasión a la propiedad privada: Mariano Castro, padre de un hijo asesinado en aquella masacre y de dos encarcelados actualmente; Martina Paredes, quien perdió a su hermano Fermín, y Darío Acosta.

Estas tres personas encabezan, a su vez, la comisión de Familiares de Víctimas, hecho que lleva a las organizaciones sociales a denunciar la situación como un intento por “descabezar” la comisión que lleva adelante este reclamo. Así lo aseguró Martina Paredes, cuando dijo: “Somos las personas que luchamos por la libertad de la gente, por la tierra y por nuestro derecho a un pedacito de tierra. Es evidente que quieren descabezar la lucha”. Debe tenerse en cuenta que los imputados podrían sufrir medidas de restricción de su libertad tales como la imposibilidad de participar en manifestaciones y a los dirigentes de base.

La crisis política suscitada por la matanza de Curuguaty terminó con la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, luego de que el opositor Partido Colorado aprobara la realización del juicio político con el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) del que era miembro su vicepresidente Federico Franco, quien quedó al mando del gobierno.