Un camión cargado con ladrillos frente a una vivienda. La puerta del vehículo dice: “Comuna Rural Cap. Cáceres” (sic). El frente de la casa muestra un enorme cartel de letras rojas que pide “Alperovich Gob. 2007. Juan Manzur. Regino Amado” (sic). Las fotos de este cuadro llegaron a manos del dirigente opositor Ariel García, que las adjuntó a su denuncia contra el vicepresidente segundo de la Legislatura, Regino Amado (PJ), por la supuesta comisión del delito de peculado.

Según García, el domicilio en donde se descargaron los ladrillos pertenecería a Amado. Si esto es así, entiende el opositor, tanto el parlamentario como el comisionado rural de Capitán Cáceres, Julio César Rodríguez, deberían ser responsables de este delito. El artículo 261 del Código Penal expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

Amado, en tanto, se desentendió de la imputación, y afirmó que cuenta con toda la documentación probatoria de su inocencia, en caso de que un fiscal se lo solicite. “Esa casa no es mía, sino de un familiar. Sí la utilicé, hasta 2007, como sede política; pero ya no”, manifestó. Según el legislador, la vivienda se encuentra alquilada desde los últimos meses del año pasado; y es su actual inquilino quien está ejecutando la construcción. “Así suele hacerse cuando se alquila: en lugar de pagar el alquiler, se hacen obras. Pero él pagó los ladrillos”, afirmó.

‘Manos a la obra’

Enterado de la acusación, Amado realizó las averiguaciones y consiguió la factura de la compra del material. “Quien vendió los ladrillos es beneficiario del plan ‘Manos a la obra’, que se da a familias que tienen la chance de generar empleos. Por eso, a veces piden el camión de la comuna para vender, porque la venta se hace con material ‘puesto en obra’”, dijo. Según Amado, la denuncia persigue fines políticos en un año electoral. “No hablo más de este tema. Soy comerciante en la zona desde hace 20 años y estoy en la función pública desde 1999, electo por la gente”, expresó.