En cuanto a la reunión con el Gobernador de la provincia, indicaron que hubo un primer encuentro, el 24 de junio, en el que se consensuó un nuevo cónclave para abordar el conflicto presupuestario del Poder Judicial. Su presidente, Rolando Toledo, asegura haberle enviado sendas notas sin haber obtenido respuesta.

El 5 de octubre (y nuevamente el 12), después de que los sindicatos iniciaran las medidas de fuerza, se abrió una “mesa de diálogo y discusión” a pedido del STJ. Además de los tres gremios participaron todas las asociaciones de magistrados, funcionarios y abogados. El resultado fue unánime: suspender los paros y buscar una solución a los reclamos salariales.

Pero el 15 de octubre la voluntad del Ejecutivo volvió a mostrarse lábil al no concurrir a la conciliación obligatoria dictada por la Dirección Provincial del Trabajo. Tras el fracaso de la gestión los gremios volvieron al paro y las asociaciones de abogados se retiraron de la mesa de diálogo por ver afectados sus derechos.

Los ministros del STJ aseguran que desde el gobierno se efectuaron “manifestaciones que desconocen y desprecian la actividad y protagonismo asumido por el STJ en el conflicto”, y que de cualquier manera, por más que esas declaraciones pongan el foco en la supuestta facultad del STJ de solucionar el problema de los empleados judiciales, nada podrían hacer sin la intervención del Ejecutivo y el Legislativo.

La otra acusación que rechazaron los jueces fue la de “politización” del Superior Tribunal de Justicia, “calificación que pretende descalificar a los miembros del Alto Cuerpo sin justificación alguna”. Interpretan que la intención es “disciplinar al Poder Judicial”.

El viernes 5 de noviembre comenzará una ronda de reuniones con la Asociación de Magistrados y Entidad de Magistrados y Funcionarios de Justicia de Paz a las 9, con las tres asociaciones de empleados judiciales a las 10, y con los Consejos y Colegios de Abogados y Caja Forense a las 11.30.