La legislatura no termina de ratificar las homologaciones de las paritarias 2015 ya que sigue pendiente la de los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad, debido a que la UCR denunció que ese acuerdo -que implica la generación de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el sector- promueve “un aumento de la masa salarial específica de un 320%”. 

Así lo afirmó el bloque de diputados radicales en la sesión de ayer, cuando decidió no apoyar la ratificación (que tenía despacho favorable de dos comisiones) y le torció el brazo al PJ en la votación, enviando el proyecto a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, para analizarlo en detalle y citar al titular de la DPV, Enrique Soler, a que explique el incremento de la pauta salarial que, según sus proyecciones, pasará “de $388 millones a $1.600 millones”.

La actitud fue duramente criticada por el justicialista Claudio Díaz, vocero del FpV en este caso, pero con intereses creados, ya que también es secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales (Sitravi), quien no sólo desmintió los dichos radicales, sino que además aseguró que “nada cambia” en los sueldos de estos empleados, que igualmente recibieron 35% de aumento en sus sueldos, como el resto de los estatales mendocinos.

Según el radical Jorge López, en la paritaria de la DPV, el artículo 21 establece que el sueldo básico de Clase 1 “no puede ser inferior al que fije como salario mínimo vital y móvil (SMVM) la Nación”. Como en la actualidad, el básico de la clase 1 es de $1.405,75, y desde diciembre próximo el SMVM será de $6060, “esto puede traer un impacto por demás importante en el gasto en personal, significando un incremento de aproximadamente 320%”, expresó.

Díaz rechazó el planteo. “Siempre ha estado vigente la norma que implica un cobro igual al SMVM, pero Mendoza nunca adhirió, lo dice la ley 5.563”, indicó.

Efectivamente, la Provincia se ha regido primero por el escalafón nacional (ley 20.329) hasta que comenzó a aplicarse la norma provincial (ley 5.563), a la que se le incorporó el convenio colectivo de trabajo nacional 55 de 1989.

La ley 5.563, en su artículo 1, adhiere a la 20.329, aprobada en 1973,  y si bien en su artículo 16 señala que “el índice 1 corresponde al salario mínimo que establezca la paritaria nacional” y establece que “no podrá ser inferior al que fije como salario mínimo vital el Gobierno de la Nación”, en el artículo 2 aclara que las facultades, atribuciones y obligaciones que la ley 20.329 y el CCT 55/1989 otorgan a la comisión paritaria nacional, “las ejerce la paritaria provincial”.

Más allá de esto, López insistió en que el incremento será mayor aún con los ítems que hoy llevan el denominado índice 1 a equipararlo con el SMVM actual para que un trabajador cobre de manera similar a lo que la Nación plantea. “Lo correcto sería sacar las distorsiones para evitar el incremento desmedido”, dijo.

Sobre esto, en el Gobierno resaltaron que cualquier incremento que vaya al básico, absorberá a los ítems distorsionales”, y aseguraron que “no es posible que pueda haber un incremento como el que plantea la UCR. Si así fuera, hace rato que los trabajadores lo hubieran reclamado”.

Apuro político

El centro de esta discusión se da fundamentalmente porque en la paritaria vial, el Sitravi incorporó un nuevo CCT, que se despega del nacional vigente hasta ahora, reflejando una pelea política entre este sindicato y la Federación Argentina de Trabajadores Viales (FAT Vial).

Generamos hace dos años el nuevo CCT y ahora podremos incorporarlo con la paritaria” informó Díaz, que además explicó que así “se dejará de aportarle a FAT Vial $4 millones anuales y esa es la única diferencia con el convenio anterior”.

En efecto, la pertenencia a FAT Vial  le implica a los trabajadores locales tener que aportar  0,5% de su ingreso y otro porcentaje similar la Provincia. “No queremos pertenecer a esa federación, no nos representa y por eso queremos nuestro propio CCT”, explicó Díaz, justificando el convenio, pero mostrando su apuro político para resolver el tema, dado que la federación ha interpuesto un amparo judicial para cobrar esos valores y la Justicia falló a su favor, “salvo que los mendocinos tengan un CCT propio”, destacó Díaz, que finalmente denunció: “FAT Vial está presionando para evitar esto”.