Río Negro actualizará montos de obras públicas en ejecución. El gobernador Alberto Weretilneck asumió ese compromiso con los empresarios de la construcción, preocupados por dilación en ciertos pagos de certificados.

Ese mecanismo exigirá algo más de 60 millones del IPPV por unos 500 millones en contratos de construcciones del 2013. Obras Públicas aún analiza la readecuación pendiente del año pasado, que superará los 20 millones, mientras el DPA continúa revisando números.

Entre los gestos propuestos a los privados, el mandatario formalizó un decreto para modificar el mecanismo de reformulación de los costos en las construcciones que se atrasaron por razones de demoras en cancelaciones por parte del Estado provincial.

Los constructores se retiraron con expectativas aunque cautelosos porque ya sobran promesas de cancelaciones de la actual administración que después no se concretaron.

Muchos temas fueron abordados en las cuatro horas que Weretilneck habló con la delegación de constructores, encabezada por el presidente de la Cámara, Juan Castelli y además concurrieron Roque Mocciola, Jacobo Baskir y, entre otros, Gastón Pamer.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Economía, Alejandro Palmieri; el titular del IPPV, Luis Bardeggia; el secretario de Obras Públicas, Alejandro Echarren y el segundo del DPA, Luis Cordero, y también el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi.

El reciente decreto 1.443 está centrado en la corrección de plazos de obras por atrasos en el pago de los certificados. Esa norma modifica parcialmente su par 686 de 1962. Se prevé que la empresa puede justificar cualquier demora en los plazos, siempre que la obra ya se haya concluido y que la extensión se hubiese originado en incumplimientos en los tiempos de pagos del Estado provincial. Esta autorización permitirá a los privados que reclamen de readecuación de costos en esas construcciones.

Además, las empresas insistieron en la cancelación de la actualización de valores de obras del año pasado. Esas obligaciones pendientes alcanzan a Obras Públicas y al Departamento Provincial de Aguas aunque el IPPV no registraría deudas en ese sentido.

El gobernador incorporó al fiscal en la búsqueda de agilizar la tramitación interna, por lo cual Bergonzi repasó el procedimiento de esos expedientes con el DPA, IPPV y Obras Públicas.

En referencia a montos de actualización, el DPA todavía no dispone de los números finales y Obras Públicas proyectó una redeterminación del año pasado por más de 20 millones, cuya cancelación depende de la conclusión de expediente y disponibilidad de Economía.

En cambio, el IPPV canceló todo del 2012.