No obstante, logró aprobar el Presupuesto 2016 y la Ordenanza Impositiva. La nueva tasa orilla el 15% respecto de lo que ya se paga por servicios generales y dudan de su legalidad.
Acuciado por la falta de recursos propios, que, se estima, estarán por debajo del 20 por ciento del Presupuesto anual del municipio, el intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, sacó de la galera un fuerte aumento de las tasas y hasta la creación de un nuevo tributo, de dudosa legalidad.
A pesar de la negativa de la oposición, que rechazó el proyecto de ordenanza del Ejecutivo, Bucca contará para 2016 con 870 millones de pesos. Con un detalle: apenas el 18.5 por ciento de esos fondos son de origen municipal, en tanto que el 28 por ciento provendrán de la Provincia y el resto, más del 50 por ciento, llegará desde la Nación.
Ávido por lograr una recaudación que alivie esa falta de autonomía financiera, Bucca subió hasta un 50 por ciento la Tasa Vial la Tasa de Control de Marcas y señales y otros tributos locales, pero además creó la “Tasa de Guardia urbana, Control Vial y Defensa Civil”, que implica el 15 por ciento de lo que ya se paga en concepto de tasas de servicios generales.
El nuevo tributo, reconstruyó INFOCIELO, se aplica a todos los contribuyentes de la planta urbana y vial y está establecida en un valor fijo que representa aproximadamente el 15% del valor que se paga por la tasa urbana, y que se afecta en un 85 por ciento a monitoreo y guardia urbana y un 15 por ciento que va a bomberos voluntarios.
Lo que está en dudas, y motivó el rechazo de la oposición, es la “legalidad” de la medida, aunque, en rigor, existe en otros municipios, donde ha cosechado algunos fallos adversos desde la Justicia.
“Quedó así porque no tuvimos tiempo para hacer todas las investigaciones necesarias, por lo cual no la aprobamos”, dijo a INFOCIELO la concejal Susana Patti, jefa del bloque UCR. “La ordenanza se presentó el 17 de diciembre y el 30 lo estábamos tratando”, explicó.
De cara a lo que viene, Patti anticipó que desde el espacio investigarán si es posible aplicarla y advirtió que debe haber “razonabilidad respecto de la prestación del servicio, que no queda claro cuál es”.

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