El asesor de gobierno, Marcos Paz concurrió este martes al Superior Tribunal de Justicia a presentar una acción declarativa de certeza para que el máximo organismo judicial de La Pampa se exprese sobre dos leyes sancionadas por la Legislatura.

Se trata de dos leyes que tienen relación con la actividad petrolera en la provincia de La Pampa. Una es la que declara de interés estratégico el área denominada Gobernador Ayala II y otorga permiso de exploración a la empresa Pampetrol. La otra, es la que incrementó al 3% la alícuota de los ingresos brutos a la producción petrolera.

En noviembre pasado la Legislatura las sancionó con mayoría. El gobernador Jorge las vetó pero los diputados interpretaron que el veto fue “extemporáneo”. Aseguran que pasaron más de 10 días hábiles para aplicar el veto.

“Es una acción declarativa de certeza para que se determine si el veto estuvo dentro de los 10 días o sino no estuvo dentro de los 10 días”, explicó Paz, luego de presentar el escrito en la sede del STJ.  

“El punto neurálgico es el siguiente: el decreto de veto se dictó dentro de los 10 días y se notifica a la Cámara al dia siguiente. La Cámara de Diputados interpreta que esos dias son para vetar y comunicar. Eso no dice la Constitución", afirmó. 

“En realidad eso es un absurdo. Estamos hablando de la formación de una ley, que debe interpretarse con carácter restrictivo. Yo no puedo decir que me notificaste fuera de los diez días y entonces la ley queda automáticamente sancionada. En todo caso, si hay una divergencia, prima conocer cuál es la verdadera voluntad de los diputados: si ellos querían que quede sancionada, debían tener los dos tercios”, afirmó.

“Ante esta disparidad de criterios ante una situación formal, es necesario que determine el tercer poder de la provincia, que es el Superior Tribunal y eso es lo que vinimos a presentar”, subrayó.

Paz agregó que “en este caso, se dieron instrucciones al fiscal de estado, que no terminó de resolver la situación y entonces Jorge decidió presentarse directamente él, en forma personal, con mi patrocinio”, afirmó.

“Ahora, entramos en un proceso judicial. Esto no deja de ser una demanda, que se llama ’declarativa de certeza’, para determinar una situación jurídica entre dos poderes. Se dará traslado al Ministerio Público, que emitirá su opinión y luego se trasladará a la Cámara de Diputados. Nosotros pedimos que den traslado a la presidencia de la Cámara, luego se alegará y se dictará sentencia”, dijo.

- ¿Se puede dar marcha atrás con la sanción de la ley?

- La sanción no tiene validez. En la formación de las leyes, interviene la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. No es que sanciona una ley, sino que se necesita la promulgación. En este caso, no hay promulgación, que puede ser automática, si la Cámara de Diputados, consigue los dos tercios luego de un veto o por una decisión del Poder Ejecutivo.

En este caso, como no están los dos tercios, la ley no está promulgada la ley y no se logró conformar debidamente, por lo tanto hoy no es ley.