Desde hace 45 días hay unas seis personas encerradas en la Sala Alberdi, en el 6° piso del Centro Cultural San Martín. Desde hace 47 días, al menos otras 50 acampan en la plaza seca de Sarmiento y Paraná. Dicen que resisten en defensa de este “espacio popular” y de la toma que mantienen desde hace dos años y medio. Es en el marco de un conflicto que empezó hace casi seis años, acarrea dos causas judiciales y no parece encontrar una salida. En el medio, la disputa sobre el uso del espacio público, los riesgos que conlleva esta situación y, claro, la imposibilidad de retomar las actividades. El Centro permanece cerrado y los talleres y la programación, suspendidos.

Viernes, cae la noche y una valla interrumpe el paso por Sarmiento: al lado del acampe cultural se prepara un escenario. Un cartel anuncia la “vigilia permanente contra el desalojo” y se ve a una joven tirando clavas, otros dos que patean una pelota, chicos que corren, movimiento. En la calle, un tablón en el que más tarde se preparará la comida. Hay maderas para alimentar el fuego con el que se cocina la olla popular. La reja y del otro lado, 42 carpas que se acomodan entre las esculturas de Enio Iommi, Julio Goya, Naum Knop, Curatella Manes o Julio Le Parc, entre otros, parte del legado del arquitecto Mario Roberto Alvarez. Hay baños improvisados, restos de muebles y objetos que se van acumulando, moscas, suciedad.

El Centro Cultural está vacío y en penumbras. La puerta que da a la plaza seca, atrincherada con maderas y muebles. En cada pasillo, personal de las fuerzas de seguridad que custodian el edificio: la Metropolitana, la Federal, una empresa de seguridad privada y otro grupo del Ministerio de Cultura (“son hinchas de fútbol contratados de manera ilegal, nos provocan y nos agreden”, dirán en el acampe). Deberían haber reabierto sus puertas la semana pasada, después del receso de verano, pero “ni el público ni los alumnos pueden desarrollar actividades en este espacio de precariedad y violencia”, explica Gabriela Ricardes, directora del Centro Cultural San Martín.

En el 6° piso, una puerta vidriada y del otro lado un muñeco de alambre con una campera deportiva, una cámara y un mano de gomaespuma con el dedo mayor levantado. “Para ser atendido golpee la pared”, advierte un cartel. Se supone que adentro hay seis personas, no están identificadas. Las autoridades porteñas sostienen que no son del grupo de talleristas originales, ya que la mayoría se trasladó a la sala Los Andes, en Chacarita. Se comunican con handies o celulares y suben víveres e insumos con una soga (una vez fue cortada desde el 3° piso). Un bypass con cables pelados les da electricidad y dicen que hasta funciona una cocina. En un pasillo, los bidones en los que desechan el pis hacia los “baños”. El resto de los desperdicios (todos) va en bolsas que vuelan desde la ventana. La semana pasada la Justicia ordenó una limpieza e intervino una empresa que trabaja con residuos patógenos. El mal olor es constante.

En el acampe cultural hay comisiones, asambleas y una sucesión de actividades, con la presencia de artistas emergentes y consagrados. “Sigue viniendo gente, algunos de levante, pero la mayoría porque está comprometida con lo que está pasando”, dice un joven que tampoco quiere decir su nombre. Quieren evitar que los criminalicen, que la causa tenga nombres y apellidos. Para explicar su postura hablará del “movimiento mundial” que resiste el avance de los poderes económicos, las corporaciones, el control del Estado. Desde que comenzó la toma del sexto piso, en 2010, no permiten el ingreso del personal de mantenimiento, control, bomberos o defensa civil para corroborar el estado de las instalaciones. “Tenemos gente que se encarga y lo hace bien, ¿quién dijo que esos controles sirven”, argumenta.

Aparece un hombre de unos 50 años a disculparse por una pelea que inició a la mañana, aparentemente borracho. Alrededor del acampe también hay gente que vive en la calle, que para en esa cuadra. Las autoridades dicen que ahí se escabullen los que “trabajan” en Corrientes y el informe del fiscal habla de al menos 15 facas. Ellos dicen que los lleva el Gobierno para generar conflictos.

A pesar de las sucesivas audiencias, no hay avances. ¿Qué debería suceder para que algo cambie? “Queremos la desmilitarización de este lugar y que nos devuelvan la sala para continuar con las actividades”, dicen. Sin control, sin intervenciones. ¿Por qué no aceptar el traslado a la sala Los Andes? “Porque es perder la lucha”, responden. Hablan de un supuesto plan para privatizar el San Martín, y ponen como ejemplo una fiesta privada que se realizó en 2010 y actividades organizadas por empresas.

“No hay ni hubo ningún proyecto ni intento de privatización en los últimos cinco años”, desmiente He rnán Lombardi, ministro de Cultura y Turismo porteño. Y agrega: “La Justicia debe actuar para recuperar el Centro Cultural San Martín para el beneficio de todos, y no de un grupo de ocupas sin ninguna legitimidad que llevan adelante una usurpación ilegal”. ¿Qué quieren hacer con esa sala? “La idea es que sea un espacio para montar una incubadora de proyectos entre el área de educación artística y el Centro Cultural San Martín”, responde Ricardes.