En la plaza Colón, distintas organizaciones locales realizaron una actividad de concientización en el marco de la semana internacional del parto respetado. Desde el Movimiento Patria Grande, la organización social Orilleros de Open Door y el Grupo de Partos Respetados se propusieron difundir distintos aspectos vinculados a la violencia obstétrica. Como antecedente inmediato, el Defensor del Pueblo de la Nación intimó, mediante una resolución emitida en febrero pasado, a las autoridades de Salud de la Municipalidad por la negativa a una parturienta a afrontar una cesárea acompañada por su marido.

"Estamos en la semana mundial por un parto respetado. La idea es empezar a visibilizar los derechos que tenemos las mujeres cuando vamos a parir. Hay mucho para decir del tema. Creemos que la solución pasa por empezar a acercarnos, informarnos a la hora de parir para saber cuáles son nuestros derechos y si no los cumplen poder denunciarlo", se expuso a modo de introducción. 

Desde 2004 existe la ley 25.929, aunque la norma nunca se aplicó: "Esa ley es la que debe protegernos a nosotras cuando vamos a parir. La violencia obstétrica es una de las formas que asume la violencia de género. En la letra la ley es muy linda, pero en la realidad no hay políticas públicas para que nosotras podamos ejercer nuestros derechos. La violencia está muy invisibilizada y nosotros la tenemos muy naturalizada porque damos por sentado que el médico sabe más que nosotras sobre nuestros cuerpos y ahí es donde empieza el problema". 

En diálogo con este medio, los organizadores de la actividad explicaron que el concepto de parto respetado implica "que sean atendidas necesidades básicas como evitar que cuando entrás a parir te bombardeen de preguntas o te encuentres rodeada de gente". Además, "aparecen cuestiones vinculadas a cesáreas innecesarias y fundamentalmente la falta de información, algo que es una obligación del personal de salud". En síntesis, "la violencia obstétrica tiene que ver con un trato personal inadecuado y una deshumanización de la persona". 

"Es necesario que las leyes se implementen pero también que las mujeres seamos más concientes de nuestros derechos y de lo mejor que puede ser un parto pensando en lo que realmente una necesita. Siempre nos enseñaron que el embarazo tiene que ser de una manera y el parto también, pero cuando nos ponemos a pensar y a atravesar esas situaciones siendo más concientes de nuestro cuerpo, suceden cosas más lindas", agregaron. 

Para otra de las mujeres que acompañó la propuesta, "el parto respetado consiste en decidir lo que cada uno realmente quiere, incluso si deseás una cesárea porque no te bancás el dolor". 

RESOLUCIÓN 

En febrero de este año, el Defensor del Pueblo de la Nación, Carlos Huaquim, intervino en un caso de aparente violencia obstétrica ante el Hospital Nuestra Señora de Luján, cuando se le denegó a una mujer la posibilidad de ser acompañada por su cónyuge en el momento de un parto programado por cesárea. 

De acuerdo a lo difundido por el organismo, "el Defensor cursó una requisitoria al hospital que contestó explicando que la cesárea se realiza en el "quirófano central" que, a diferencia del "centro obstétrico" donde se llevan a cabo los partos, constituye un área de acceso restringido, con normas muy precisas de funcionamiento, y que el fin de estas normas es disminuir el riesgo de infecciones post quirúrgicas, los accidentes y las complicaciones". 

En dicho informe, el hospital agregó que "en los días de cirugía se realizan simultáneamente varias operaciones, produciéndose el choque entre los derechos del marido a ingresar al quirófano para asistir al nacimiento, con los derechos de intimidad y condifencialidad". 

Sin embargo, el Defensor marcó que la respuesta brindada por las autoridades del nosocomio local no hace ninguna alusión al artículo 2 inciso G de la ley 25.929 que establece el derecho de la mujer "a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto y postparto".

Por esa razón, el Defensor consideró que "los establecimientos asistenciales deberían adaptar sus instalaciones en pos de cumplir con los derechos de los pacientes y no verse éstos postergados por deficiencias infraestructurales". De ser así, "no deberían producirse "colisiones" de derechos entre los pacientes, ni ceder unas (por ejemplo, las mujeres con partos programados por cesárea) por garantizar los derechos de otros". 

Por lo tanto, "se resolvió exhortar al secretario de Salud, Medio Ambiente y Políticas Sociales de la Municipalidad de Luján y al director del Hospital a que arbitren las medidas necesarias para garantizar a la interesada el derecho a estar acompañada por su cónyuge en ocasión de la cesárea y adecuar las instalaciones y procedimientos del Hospital para futuros casos".

En la información de prensa se aclara que "la intervención ante las denuncias de aparente violencia obstétrica no se centra en la praxis médica, sino que se intenta determinar cuáles son aquellas prácticas naturalizadas en los establecimientos asistenciales que conllevan una carga de violencia hacia la mujer embarazada, en situación de parto o postparto, las cuales ameritan ser revisadas y modificadas por el equipo de salud".