“Claramente fue una trampa”. Así sintetizó Luis Conti, representante legal de los trabajadores de HM, TRC y Celanova, lo sucedido el miércoles en el municipio, cuando los obreros textiles de esas firmas esperaban ser atendidos por el intendente y, sin mediar acción alguna, fueron violentamente reprimidos por policía que salieron del antedespacho del intendente José Inza.

El abogado recibió a este diario ayer al mediodía en su estudio jurídico. Lo hizo acompañado porMarcelo Bruno y Germán Giménez, trabajadores y delegados de HM. Habló de la instancia laboral en que se encuentran los empleados, del por qué del pedido para ver las 17 escrituras entregadas por el Ejecutivo -que aún no les han sido entregadas para analizarlas- y de los lamentables hechos ocurridos el miércoles.

Sobre esto, Conti apuntó directamente hacia Inza, de quien dijo que “está claro que fue una decisión política del Intendente expulsar por la violencia a los trabajadores”.

Abandono de la empresa 

En un principio, Conti explicó que el 4 de junio pasado 34 de los 40 trabajadores recibieron cartas documento de la empresa -sin acreditar representación y con una serie de inexactitudes- en la que les comunicaban “que rescindían la relación de empleo por las tres empresas, haciendo una serie de reproches laborales, fundamentalmente por reclamos que los trabajadores impulsaron y que en su momento tuvieron algún marco de acuerdo en la Justicia o en el Ministerio de Trabajo”.

Los empleados contestaron esas cartas documentos rechazando los planteos formulados por la empresa y “obviamente no se consideraron despedidos, porque lo más importante es mantener las fuentes de trabajo haciendo el reclamo puntual de lo que se les está adeudando a la fecha”, que concretamente son dos quincenas y el medio aguinaldo más una bonificación extraordinaria que en su momento se había acordado en la delegación del Ministerio de Trabajo.

Pero ese acuerdo que fue firmado en la cartera laboral -el último, porque hubo varios- nunca fue cumplido por la empresa. Es más, después de eso “los responsables de la firma no concurrieron nunca más a la planta. Hace más de un mes que no vienen y abandonaron el emprendimiento productivo en Azul”, indicó el abogado.

Al margen de los reclamos laborales que están realizando los trabajadores, advirtió que jurídicamente “esta empresa había asumido compromisos porque fue la comunidad de Azul, a través de la Intendencia Municipal, la que le vendió 26 hectáreas para desarrollar la actividad productiva y mantener fuentes de trabajo” (Ver recuadro Escrituras).

“Claramente fue una trampa”

Yendo a lo ocurrido el miércoles en el edificio de la comuna, con la brutal represión que sufrieron los trabajadores mientras aguardaban ser atendidos por Inza, Conti repudió enérgicamente los hechos y cargó duro contra el Intendente y su gestión.

En un principio, recordó que el martes fueron convocados en el Concejo Deliberante junto al secretario de Desarrollo Económico, Carlos Caputo, para tratar el tema. Allí, el ahora ex funcionario indicó que iba a hacer una reunión con el Intendente para analizar la situación de las escrituras e intentar que se convoque a Arias.

La reunión se fijó para el miércoles y allí fueron los trabajadores. En este punto, Conti señaló que no asistió porque “todo el mundo sabe cuál es la posición que tengo de esta administración municipal, sumamente crítica respecto a la figura del intendente Inza y su gestión, entonces preferí no ir para no entorpecer nada”.

En el ínterin de esa mañana, cuando los trabajadores aguardaban “Carlos Caputo me informó que Inza los iba a recibir y que les iban a dar una respuesta política”.

A esto, el abogado marcó que “la respuesta política fue hacerlos esperar dos horas y cuando estaban esperando para ser atendidos, como muestran las filmaciones, salieron del despacho del Intendente fuerzas policiales que terminaron lastimando a 9 trabajadores, deteniendo a 3 y golpeando a todos. Claramente fue una trampa”.

No quedó ahí, ya que remarcó que “fue una actitud totalmente cobarde, artera y premeditada por parte del Intendente municipal porque mientras reclamaban ser atendidos, sin hacer desmanes ni destrozos, los reprimieron y detuvieron”.

“Fue una decisión política del Intendente”

Con los trabajadores detenidos, otros hospitalizados y otros en el veredón resistiendo todo el día, comenzaron primero que nada las gestiones para liberarlos. Luego, los empleados empezaron a pasar por la Fiscalía a hacer las denuncias correspondientes, a las que se agregaron como prueba las filmaciones del canal local, la grabación de uno de los trabajadores que registró con su celular todo lo acontecido, las historias clínicas de los empleados que sufrieron distintas lesiones –que van desde costillas fisuradas, quebradas, hasta problemas serios de algunos de ellos en la vista-.

Ahora la fiscal Laura Margaretic deberá investigar “hacia arriba quiénes son los responsables. Seguramente pida el listado de todo el personal policial afectado al operativo; por otra parte va a citar a los jefes para ver quién dio la orden y estoy seguro que llegará hasta las últimas consecuencias para determinar de quién es la responsabilidad política de que en el municipio pase lo que pasó. A mí no me cabe ninguna duda de que esto contó con el visto bueno y el consentimiento del intendente municipal, sino esto no podría ocurrir”.

Añadió que “está claro que fue una decisión política del Intendente expulsar por la violencia a los trabajadores”, y reafirmó esto conociendo el lugar donde sucedió todo y viendo que la policía salió “de la antesala del despacho del Intendente”.

Por último, advirtió que “con semejantes desmanes y ruidos que había, si Inza hubiese tenido una intención en contrario salía y automáticamente frenaba el accionar policial. Pero por el contrario, no solamente no salió sino que pasaron varias horas hasta que se reunió con concejales. Evidentemente esto contó con el visto bueno del Intendente”.

“INZA SE TIENE QUE HACER CARGO” 

En un tramo de la nota con este diario, Luis Conti se refirió a la conferencia que el intendente José Inza brindó el viernes a la mañana y en la que desligó cualquier tipo de responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos el miércoles.

“Hay cuestiones muy significativas del Intendente”, dijo en principio, para luego añadir que “no se hizo cargo de la situación. Dijo que había una orden de servicio y que la policía la ejecutó sin aval por su parte como Intendente. Los azuleños no somos tontos, todos sabemos que la policía no actúa de por sí sin el aval del poder político o de la justicia”.

Añadió que “es una actitud muy cobarde no hacerse cargo de lo que pasó y sí muy valiente de aquellos sectores del peronismo que, vista la situación, dicen que no pueden seguir acompañando a un gobierno que actúa de esta manera”.

Entendió que el jefe comunal debió asumir su error político. “Hay que hacerse cargo de las consecuencias de los errores cometidos, porque esto fue un error claro: convocó, no atendió y mandó a reprimir. Acá a nadie le cabe ninguna duda de que hubo una decisión política de actuar como se actuó. Y en realidad, esa actitud marca un desprecio hacia la vida y la salud de trabajadores azuleños”.

Por último, fue muy firme al decir que “Inza se tiene que hacer cargo” y aclaró para terminar y alejar cualquier duda que “el único interés que me moviliza es que la fábrica esté trabajando nuevamente, si es posible con un proyecto claro y concreto de estabilidad laboral”.

POR QUÉ PIDEN VER LAS 17 ESCRITURAS

En el marco de no saber qué es exactamente lo que entregó el Ejecutivo es que se encuadra el reclamo para ver las escrituras por las cuales le cedió a Néstor Arias -dueño de las empresas en cuestión- la titularidad de esas hectáreas.

“Las queremos ver para determinar si guardan relación con las ordenanzas oportunamente sancionadas por el Concejo Deliberante en oportunidad de la venta y si contemplan alguna situación especial”, fundamentalmente relacionado a la posibilidad de revisar la transferencia teniendo en cuenta que el empresario hizo abandono del lugar y de la actividad productiva.

Consultado entonces qué puede llegar a arrojar el estudio de las 17 escrituras, indicó que “si bien hoy donde está el predio no está categorizado como parque industrial, sí está zonificado como zona de radicación industrial. Lo más importante para nosotros es ver si esas 17 parcelas se escrituraron condicionadas a la situación productiva. Si eventualmente lo que se entregó es la propiedad sin ningún tipo de condicionamiento, ahí tenemos que avanzar con un proceso de recuperación vía expropiación”.

En ese sentido fue que apuntó que la comunidad de Azul tiene que hacer todo el esfuerzo por recuperar ese predio y advirtió que para eso están las herramientas jurídicas, la disposición del Concejo Deliberante y la de los legisladores de los diferentes espacios políticos.

“Lógicamente la comunidad de Azul no se puede quedar de brazos cruzados ante el hecho de que alguien venga, compre 26 hectáreas, diga que va a desarrollar un emprendimiento productivo y de buenas a primera lo abandone y deje a sus trabajadores a la deriva al año y medio de tener las escrituras”, que corresponden a prácticamente un cuarto de lo que es el Parque Industrial.

También puede darse que en las escrituras se dejara constancia que el empresario se comprometía a determinado nivel de producción, de inversión y de mantenimiento de fuentes de trabajo. En este caso “se podría revisar la transferencia en función de los incumplimientos y el abandono” y recuperar el predio para mantener las fuentes de trabajo.

Hasta ayer, día en que se hizo esta nota, las escrituras estaban en Azul pero recién el lunes el Ejecutivo les estaría entregando copias de las mismas tanto a Conti como al Concejo Deliberante.

En este marco, el abogado de los trabajadores advirtió que “queremos creer que el lunes van a estar las escrituras y también Arias hablando con el Intendente, con los concejales y con todas las fuerzas políticas de la comunidad diciendo qué piensa hacer”.

Pero al día de hoy no se sabe si el intendente Inza convocó al empresario o, como mínimo, tomó contacto con él.