No sólo el referéndum de mañana que definirá si le revocan el mandato es motivo de preocupación para Omar Goye. En los últimos días recibió malas noticias desde Tribunales en relación a causas abiertas por su condición de deudor.

En relación al expediente abierto por el incumplimiento de pago de las expensas del departamento y cochera del edificio de la calle Mitre al 900, el suspendido intendente debió realizar un depósito judicial de urgencia de 10 mil pesos, para evitar la inminente subasta. La causa judicial iniciada en 2011 por una deuda acumulada por expensas en el período que va desde 2008 hasta el año mencionado, derivó en un juicio que determinó el embargo sobre la cochera, denominada unidad complementaria del departamento de su propiedad.

El juicio se encaminaba a la etapa final de subasta del inmueble, pero en las últimas horas, y con el fin de evitar ese paso, Goye realizó un depósito judicial de 10 mil pesos, que frena el remate, aunque no el proceso judicial, ya que debe concretarse la adecuación del monto en relación al pasivo global. Ahora, el abogado del Consorcio Andria -grupo que inició la causa para intentar cobrar la deuda- deberá realizar la liquidación correspondiente y determinar si aún resta dinero por pagar.

Paralelamente, el mismo grupo presentó otra denuncia contra Goye por el pasivo acumulado desde 2011 hasta la fecha; es decir que, al margen de la judicialización, el suspendido Intendente repitió su práctica de no pagar ese compromiso.

Al mismo tiempo, La Provincia -a través de la Agencia de Recaudación- avanzó en otro expediente que tiene como protagonista al ex titular de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y jefe comunal de la ciudad. Se trata de una antigua causa de Ejecución iniciada por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro, ante una deuda de Ingresos Brutos, superior a los 25 mil pesos.

Ayer, a un paso de la prescripción, el representante Fiscal Gustavo Fernández cumplió el trámite de inicio de la notificación correspondiente, lo que podría derivar en el embargo.

Se dicta sentencia el 16 de marzo de 2004. Condenando al ejecutado a que cancele la deuda reclamada por la provincia por la suma de $25.765, con más interés de 40% desde vencimiento del documento hasta el 31/05/2003, y por un 24% anual desde 1/06/2003.

La sentencia nunca fue notificada por la representante fiscal designada y menos aun cancelada la deuda por el demandado.

Gustavo Fernández, representante fiscal, se presentó en el expediente y mando a notificar la sentencia, esto se hizo ayer a través de la oficina de mandamientos y notificaciones. El paso siguiente será el embargo de bienes.