Se propone incluir en el Consejo de la Magistratura más miembros y fuera del ámbito de Derecho, limitar medidas cautelares, conocer patrimonio de jueces, disponer elección de ingreso al poder y aplicar base de datos de las causas
Obvia, e inmediatamente, muchas disposiciones generaron dudas en varios sectores del rubro.
Entre las medidas que el Senado comenzará a tratar esta misma semana, la que más sorpresa causó es la que apuesta a transformar el Consejo de la Magistratura al elevar la composición de 13 a 19 miembros, de los cuales seis serán académicos y científicos de distintas disciplinas fuera del ámbito del Derecho.
Actualmente el Consejo tiene: seis legisladores (cuatro del oficialismo, dos de la minoría), un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. Ahora serán elegidos por voto popular los jueces, abogados y académicos/científicos. Entre estos últimos podrá haber médicos, psicólogos, economistas, ingenieros u otras disciplinas. Se postularán, si la ley llega a tiempo, (y si se hacen...) en las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esas listas serán elegidas en todo el país.
Los mandatos de los consejeros actuales vencen en noviembre de 2014. La Presidenta dijo que seguirán en funciones hasta entonces. De ese modo, si los nuevos consejeros se eligen este año habrá un Consejo de transición de 25 miembros, hasta quedar en 19.
Para las grandes decisiones hará falta mayoría absoluta (la mitad más uno) de todos los integrantes del cuerpo. Será de diez votos cuando los consejeros sean 19. La proporción es menor a los dos tercios requeridos actualmente, lo que podría oxigenar la posición del oficialismo en algunos debates. Las proporciones serán así: habrá cuatro académicos por el partido mayoritario y dos por la minoría; dos abogados por la mayoría y uno por la minoría, y los jueces también serán dos por la mayoría y uno por la minoría.
Tres nuevas cámaras de Casación
Ahora sólo hay en el fuero penal. Se sumarán una en lo Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial y otro de Trabajo y Seguridad Social. La Presidenta dijo que esto busca “descomprimir la tramitación de causas” en la Corte, acercarla al modelo de la Corte norteamericana que tramita unos 90 expedientes al año, y “unificar la jurisprudencia”.
Medidas cautelares contra el Estado y sus entes
Esas medidas provisorias tendrán un máximo de vigencia de seis meses “como plazo razonable” y luego el juez tendrá que dictar la sentencia de fondo, según anunció la Presidenta. El objetivo es evitar que se sigan usando las cautelares para impedir la aplicación de leyes y decretos.
“No puede haber medidas cautelares de efecto patrimonial para el Estado, porque se parte de la base de que nunca es insolvente, siempre podrá responder. Se podrán dictar en casos en que el perjuicio no sea reparable cuando estén en juego la vida, la salud o los derechos alimentarios, pero no en cuestiones patrimoniales”, dijo la jefa de Estado.
Además, hasta ahora no era obligatorio que el Estado fuera notificado ante una medida cautelar, pero con la nueva ley sería obligatorio. “Estamos enterándonos de medidas cautelares que estaban hacía años presentadas por distintos grupos de acuerdo a sus intereses”, dijo CFK, más allá de la ley de medios. Y señaló los casos en que son resueltas por jueces subrogantes que luego se apartan del caso en sintonía con estudios jurídicos que hacen negocios.
Para conocer el patrimonio de los funcionarios de los tres poderes
Otro de los proyectos es de “publicidad y acceso directo” a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de los tres poderes. Actualmente, para el procedimiento incluso se exige justificación. Todo apunta a que cualquier ciudadano pueda consultar vía internet la declaración patrimonial de jueces, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo y legisladores por igual, pero también la de quienes se postulan como candidatos, aún antes de ocupar cargos electivos. Todos ellos tendrán la obligación de publicar su declaración jurada en forma directa.
Ingreso para todos
El ingreso “democrático”, por concurso, para ser empleado del Poder Judicial, desde el escalafón más bajo, quedaría establecido por ley. Se tomará un examen de conocimientos básicos y se conformará una nómina de “ingresantes” y entre ellos se hará un sorteo junto a través de Lotería Nacional. “Hay muchos chicos que se reciben pero si no tienen un pariente o amigo no entran ni disfrazados de mono”, se rió la Presidenta. También habrá concursos para los cargos de secretario y prosecretario letrado, “que no pueden ser propiedad del juez”.
¿Qué pasa con cada causa?
Los jueces de todas las instancias estarán obligados por ley a publicar el ingreso de causas, los números de expedientes y estado procesal de los expedientes “y que cuando salga la sentencia no sea un delivery judicial” o para “la agenda mediática”. Una base de datos de libre acceso.

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