El arreglo entre el gobierno bonaerense con los gremios docentes y estatales que contempla el incremento de un 8,28%  y 7 %, respectivamente, en los sueldos de enero y febrero, y el de entre un 30 y 40 por ciento más que se cerraría en marzo, abre un interrogante clave: ¿está en condiciones la administración de Daniel Scioli para afrontar ese gasto?

A pesar de que no hay cifras oficiales exactas, la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 700 mil empleados estatales: entre docentes, los que trabajan bajo la Ley 10.430, fuerzas de seguridad y otras dependencias descentralizadas.

Se sabe que el aumento que se acuerda en paritarias luego se traslada a los integrantes de la Policía y Servicio Penitenciario, los que por ley no tienen actividad sindical.

Por supuesto que los estatales y docentes necesitan un salario digno y se espera que ese anhelo se convierta en una realidad. Sin embargo, el universo de trabajadores públicos es alto y el impacto en las finanzas de la Provincia es de trascendencia, por lo que algunos dirigentes sindicales temen que las promesas oficiales luego no sean cumplidas.

Un vocero oficial indicó que el presupuesto de la Provincia para el 2015 fue aprobado en noviembre pasado con la suma de más de 246 mil millones de pesos, un 36 por ciento más que el año anterior, el que ascendió a los 180 mil millones. ¿Serán suficientes esos recursos?

La inflación que se espera para el presente año es al menos igual a la del 2014, es decir cerca del 40 por ciento. Es decir, que todo parece indicar que nuevamente los trabajadores perderán poder real en sus salarios.

Un modelo económico perverso

El modelo kirchnerista llevó al país y a la provincia de Buenos Aires a vivir una importante recesión. Cierran comercios, cae la producción, queda gente sin empleo y la recaudación impositiva disminuye. Este círculo vicioso e infame parece llevar al sistema financiero a una grave crisis. Con la actividad industrial en baja, con pymes al borde del cierre, la producción es cada vez menor y  lo único que crece es el empleo público. 

En los últimos 11 años el empleo público en la Provincia creció más de un 55 por ciento. Según un estudio privado, Buenos Aires registra actualmente una planta de 42 trabajadores estatales cada mil habitantes.

Al inicio de la década de hegemonía política del kirchnerismo, había en la Provincia 30 empleados públicos cada mil habitantes. Comparando con el resto de las 23 provincias argentinas Buenos Aires es, en verdad, de los lugares que más creció el empleo público. Sólo seis provincias muestran niveles superiores en los últimos diez años, con casos realmente exorbitantes. En tanto, el sector privado se contrajo.

Pero volvamos al concepto del círculo vicioso: para afrontar el gasto de salarios ante el creciente sector público, desde el Estado se imponen impuestos extorsivos que provocan un ahogo asfixiante a las empresas y comercios, que conlleva a despidos generalizados.

Los números parecen no cerrar y la dependencia del gobernador Scioli con la administración nacional seguramente se profundizará, ya que es altamente probable que tendrá que pedir asistencia financiera.

En foco //

Si se regularizan las cuentas públicas, el salario real caerá

Los sindicatos deberían tratar de recuperar el desfasaje del año anterior por el efecto de la inflación y no solamente negociar con perspectivas futuras, por lo que las paritarias en marzo seguramente serán más duras, tensas y dificultosas.

La perspectiva de aumento salarial  va a generar dificultades en las cuentas públicas en la Provincia. El gobernador Daniel Scioli viene haciendo un esfuerzo importante estos dos últimos años en tratar de corregir desfasajes fiscales, y parte de ese esfuerzo ha sido concentrado en una disminución del salario real medio de los estatales.

Scioli tendrá que ver con qué prioridad política trata la relación laboral del Estado.  Si continúa la contención fiscal, la regularización gradual de las cuentas públicas, tenemos que pensar que el salario real de los trabajadores seguirá con tendencia en baja. 

No obstante no hay que perder de vista que estamos en un año electoral, y el oficialismo kirchnerista tiende a favorecer políticas más distribucionistas y menos severas en las negociaciones salariales. Una manera nefasta en sus ansias de conseguir votos.