Ante la divulgación pública de una resolución judicial a raíz de una denuncia sobre supuesto manejo inadecuado de residuos tóxicos, el fiscal Darío Giagnorio hizo algunas precisiones. La ONG Protección Ambiental acusó a funcionarios judiciales, educativos y empresarios de “un acuerdo en contra del bien común”.
En su momento, cuando se realizó la inspección y estudio de los terrenos, se informó que la causa se inició en 2009 y contrastaba informes de la empresa con testimonios de ex empleados que dan cuenta del enterramiento de productos químicos que podrían provocar la contaminación de aguas subterráneas.
La ONG denuncia que hubo un “entendimiento” entre autoridades del Ministerio Público Fiscal y los apoderados de la empresa Atanor.
El Dr. Darío Giagnorio desmintió la especie, y dijo que sí hubo una resolución judicial, con la firma del Fiscal General, Dr. Héctor Tanús y del propio titular de la UFI 6, que fue notificada a las partes.
La ONG “Protección Ambiental del Río Paraná Control de la Contaminación y Restauración del Hábitat” no es parte en la causa, y se desconoce como obtuvo el facsímil que está publicando parcialmente.
En la resolución se ordena a la empresa ATANOR S.C.A al pago de las costas del proceso, y que se encargue en un plazo de 48 meses de hacer el estudio y remoción de los residuos cuestionados, de la manera adecuada y con la participación de empresas habilitadas al tal fin.
Estas acciones serán supervisadas por la UTN, como organismo calificado para verificar el cumplimiento de lo ordenado por la Justicia.
El Dr. Giagnorio informó que todavía restan estudios específicos sobre las muestras y testimonios colectados en las inspecciones realizadas en diciembre de 2012.
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