¿Cuáles son las ventajas de la juventud en la administración de justicia? ¿Cómo evaluaría el nivel de preparación de las nuevas camadas del Poder Judicial? ¿Qué cambios cree que serían esenciales para tener una Justicia más rápida? ¿En la actualidad, la Justicia está cercana a los sectores más vulnerables de la sociedad o aún falta desarrollar ese aspecto?

Las cuatro preguntas elaboradas por LA CAPITAL fueron respondidas por jóvenes funcionarios que ocupan roles clave dentro de la Justicia. Todos coincidieron: estar cerca de los sectores más vulnerables de la sociedad es uno de los desafíos.

Santiago Inchausti, juez federal

1) La idea de gestión como un complemento esencial a la actividad judicial es algo que ha sido incorporado mayormente por los jueces y funcionarios más jóvenes y esa es una de las ventajas principales. Frente al aumento considerable de asuntos o litigios que llegan a los juzgados se necesitan buenas técnicas de gestión para poder dar una solución en un tiempo razonable a ese conflicto familiar, social, penal o laboral que debe ser resuelto inmediatamente. Ya no se puede trabajar como hace 30, 20 ó 10 años atrás. Para ello hay que incorporar nuevas herramientas a la administración de justicia como la tecnología, la gestión, la capacitación de personal, etc.

El ?afianzamiento de la justicia? y la ?eficaz prestación de los servicios de justicia? son principios que están en nuestra Constitución, y los jóvenes, desde la gestión e innovaciones, pueden ayudar a concretarlos. No veo desventajas relevantes respecto de la juventud.

2) Creo que cada vez vienen más preparadas debido a la necesidad de tener que pasar por concursos públicos para acceder a cargos de magistrados y funcionarios; ello ha hecho que los abogados recién egresados continúen capacitándose con estudios de posgrado o doctorado o desarrollen actividades docentes. Ello ha permitido mejoras en la preparación académica de los nuevos integrantes de la administración de justicia en todos sus niveles. También, desde el Poder Judicial de la Nación, con la Escuela Judicial o cursos de capacitación, se busca mejorar el nivel de preparación de sus integrantes. Lo mismo ocurre en los ministerios públicos.

3) Más allá de posibles reformas procesales, creo que quienes hoy en día estamos a cargo de un juzgado o una fiscalía debemos esforzarnos con las herramientas que contamos para dar soluciones a los conflicto lo antes posible. Para ello debemos, como decía, gestionar mejor los recursos materiales y humanos, buscar soluciones alternativas a la judicialización del conflicto -suspensiones de juicio a prueba en materia penal o mediaciones en materia civil-, dirigir activamente el proceso para evitar las dilaciones innecesarias, incorporar lo más rápido posible las mejoras tecnológicas que hoy están disponibles para mejorar el servicio de justicia: notificaciones electrónicas, informatización de los expedientes y trámites, videoconferencia y filmación de las declaraciones.

4) En los últimos años ha habido una especial atención a estos problemas desde el Poder Judicial: la creación en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica, que obedecen al cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos es una clara muestra de ello. Ese mismo interés se ha visto también desde los ministerios públicos (fiscal y de la defensa) y los poderes judiciales de las distintas provincias, con la creación de oficinas similares y de violencia institucional. Antes, el intermediario entre los sectores vulnerables y los operadores judiciales eran sólo las agencias policiales, pero con la aparición de estos organismos se trata de evitar esa intermediación que muchas veces no lograba llevar la solución necesaria al problema y desalentaba las denuncias.

Por otro lado, en las investigaciones penales se han replanteado las cosas pensando en esta problemática, sobre todo en materia de trata de personas y explotación sexual o laboral: cuando se detectaba un delito en el que la víctima era de un sector vulnerable, todo el aparato judicial estaba orientado sólo a castigar al delincuente; hoy, en cambio, también busca dar una solución a esa situación desgraciada que colocó a la víctima en el lugar de ser explotada laboral o sexualmente, pues de lo contrario indefectiblemente volverá a caer en manos de otros explotadores.

Falta mucho por hacer en esta materia y el gran desafío actual del Poder Judicial es articular soluciones para esas víctimas. Para lograrlo indefectiblemente se requieren las agencias sociales y asistenciales que dependen de otros poderes del Estado (Ejecutivo nacional o provincial). También faltan más recursos para asistencia social, refugios para víctimas, centros judiciales de recepción de denuncias en zonas de población vulnerable, entre otras cosas.

Lucrecia Bustos, jueza de Garantías

1) No se pueden efectuar generalizaciones y en definitiva siempre dependerá de la impronta que le dé cada operador. Sin embargo, la juventud normalmente supone una actitud más dinámica y no tan ligada a estructuras sacramentales.

La desventaja puede resultar en ocasiones la falta de experiencia que innegablemente los años aportan.

2) Los requisitos para ingresar al Poder Judicial no han variado, resultando la mayoría de los recaudos obsoletos, teniendo en cuenta que no se exige un acabado conocimiento de informática, cuando todo el sistema de gestión se encuentra informatizado.

Existe mayor apertura para el ingreso al Poder Judicial, desde que se han abandonado algunos criterios selectivos que eran habituales en otras épocas.

Se observa un vínculo más fluido con las universidades, al proporcionar estudiantes con un profundo deseo de ingresar al sistema de administración de justicia, que -en la mayor parte de los casos- son altamente satisfactorios.

3) Entiendo que si bien es cierto que justicia lenta no es justicia, tampoco justicia rápida implica necesariamente que lo sea. En muchas ocasiones el afán por agilizar los procesos puede redundar en la afectación de garantías o en no cubrir las expectativas de los justiciables.

Considero que la principal necesidad es agilizar el sistema de notificaciones, a través de la notificación electrónica, máxime teniendo en cuenta que en la actualidad tanto los organismos como los letrados cuentan con mail que facilitan la tarea.

También resultaría interesante ampliar los mecanismos de composición y mediación, evitando la judicialización de conflictos que podrían tener solución en instancias previas.

Cabe señalar que el sistema de revisión de las decisiones jurisdiccionales por vía de recurso también se proyecta sobre el tiempo que demora la tramitación de un proceso hasta su culminación.

Estimo que con la implementación del sistema de flagrancia -que absorbe la mayor cantidad de los procesos- se agilizó notablemente el tiempo que demandaba la tramitación de un proceso puramente escrito.

4) El criterio de selectividad se patentiza en el sistema penal, en el que la mayor parte de las personas sometidas a proceso responden a un mismo parámetro: jóvenes, con escasos recursos económicos y educativos, y generalmente afectados por la adicción a las drogas.

En lo que respecta a la víctima, el sistema procesal le reconoce sus derechos, aunque debo poner de manifiesto la escasez de diques institucionales de contención para determinadas problemáticas, tales como abuso sexual, violencia, drogodependencia, etc.

Juan Tapia, juez de garantías

1) No se trata de iniciar una (falsa) disputa entre ?viejos? y ?nuevos?. Pero es evidente que hay generaciones de magistrados que vienen de procesos dictatoriales o, aun en democracia, de entrenamiento bajo culturas judiciales muy autoritarias y que reproducen esquemas verticalistas, con automatismos burocráticos, con lenguajes rígidos y absurdos, imbuidos en ideologías conservadoras y renuentes a producir cambios. Apostar a un recambio generacional dentro de la Justicia es inyectar nuevos aires estructurales que permitan consolidar un estado de asamblea permanente dentro del Poder Judicial, subvertir las voces cantantes de abajo hacia arriba, disputándole la iniciativa a las jerarquías. Dependerá de mecanismos de selección y captación que eviten este ?encuentro? entre viejos-nuevos contaminando con viejas prácticas.

También dependerá de los nuevos valores con los que los Consejos de la Magistratura se midan a la hora de elegir a los jueces. Los jóvenes son la clave del cambio, no por ser jóvenes, sino porque si están comprometidos a fondo con lo que creen, si llevan a cabo sus ideales sin miedos, emancipan políticamente las estructuras anquilosadas permitiendo el regreso de las utopías.

2) De lo que estamos hablando es de un problema anterior a la intervención de los abogados como operadores judiciales; esto nos traslada a repensar la forma en que se enseña el Derecho en nuestras universidades.

En este sentido, debe remarcarse la ausencia de una enseñanza crítica en el ámbito universitario, que repercute sobre la formación de quienes integrarán los cuerpos de fiscales, defensores y jueces. Voy a ejemplificar esta cuestión en mi área de conocimiento: el ámbito penal.

El panorama actual en este campo de conocimiento oculta expresamente los datos empíricos de funcionamiento del aparato policial, la agencia judicial y la estructura carcelaria. ¿La consecuencia? Consolidar una enseñanza que termina por justificar a la autoridad cuando su ejercicio se torna intolerable. Se trata entonces de una manera de enseñar el derecho orientada a promover abogados con conocimientos ?teóricos? por sobre las posibilidades de reflexión crítica sobre las ?concepciones científicas? y especialmente sobre la indagación empírica de las consecuencias que conllevan ciertas elaboraciones tecnocráticas. En definitiva: una forma de imponer el derecho como instrumento de legitimación del poder.

Frente a ello deben rescatarse las nociones de enseñanza clínica del derecho promovida en la década del sesenta por la izquierda norteamericana, bajo la premisa de sacar a los estudiantes del contexto idealizado de la facultad de derecho y exponerlos a la vida en estado crudo.

3) Si por "rápida" vamos a entender un proceso que legitime las prácticas policiales sin reflexión crítica, que busque condenas a corto plazo sin posibilidad de producir prueba de descargo, afectando de este modo el derecho de defensa en juicio, entonces esa rapidez repercutirá sobre la calidad de la administración de justicia. Gabriel Gannón lo denomina "la macdonalización de la justicia". Ahora, si se busca resguardar la garantía constitucional de un proceso sin dilaciones indebidas, para que se resuelva la situación procesal del imputado en un tiempo razonable, entonces habrá que pensar en la multiplicación de audiencias orales y públicas, en recursos materiales y capacitación intelectual para realizar investigaciones eficaces, en el destierro de la burocracia que conlleva la cultura del expediente y en la simplificación de las vías recursivas.

4) El poder judicial ha tenido históricamente una perspectiva clasista, que defiende los intereses de los sectores a los que pertenecen sus integrantes. El sistema judicial debería asumir su rol de actor político, comprometido con una agenda de protección a los Derechos Humanos e involucrada en cuestiones de tipo social y político, sin olvidar por ello que no puede disponer políticas públicas por no ser los jueces elegidos democráticamente. Ese modelo de juez implica asumir un rol proactivo en el resguardo de los derechos fundamentales, abandonando la visión de jueces que resolvían casos aislados en forma individual. Es una concepción de la magistratura en clave política.

Desde esta óptica, una sentencia implica un ejercicio activista de la jurisdicción cuando, además de solucionarse el caso concreto que es objeto del litigio, el juez se convierte en partícipe del diálogo democrático al revisar judicialmente determinadas políticas, proponer un cambio en la legislación o ampliar la nómina de derechos protegidos.

Las demandas al Estado por parte de la ciudadanía plantean nuevos desafíos al Poder Judicial y exigen la articulación de ideas y herramientas que permitan a los jueces interactuar en un rol protagónico para la modificación de la realidad, especialmente para la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la comunidad.

Gabriel Bombini, juez de Garantías

1) No veo ventajas o desventajas por la edad en la administración de justicia, eso depende del compromiso y actitud de sus miembros. El criterio que marca diferenciaciones por edad corresponde a una visión vetusta del Poder Judicial que debe ser suplida por la vocación de servicio y atención a los ciudadanos que llevan sus problemas y conflictos a solución. Una actitud tendiente a atender esas demandas, a superar las barreras burocráticas que opone toda institución, es realmente lo importante, y para esto no hay edades, se puede ser más o menos joven y tener o no ese compromiso o actitud.

2) Creo que en los últimos años se ha venido trabajando con fuerza en la preparación de los miembros del Poder Judicial y las instancias de examinación ante los Consejos de la Magistratura han favorecido esta situación. No obstante, no hay que bajar los brazos y hay que continuar generando espacios para la capacitación y preparación permanente de las estructuras judiciales, no sólo por un purismo técnico o individualismo, sino fundamentalmente en lineamientos políticos que alimenten una mirada solidaria y realista de la Justicia, la vocación de servir al otro y afianzarse como poder del Estado y fortalecer los valores fundamentales de la democracia.

3) En los últimos tiempos, se ha avanzado mucho -al menos en materia penal en la provincia de Buenos Aires- en la instauración de procedimientos y prácticas que han llevado a acortar los términos procesales. No obstante, hay todavía otro tanto por hacer y no es sencillo. Hay muchos condicionantes tradicionales de la propia organización judicial que tienden a la burocratización, el exceso de ritualismo, trámites, divisiones en oficinas, traslados de expedientes, duplicación de audiencias, lo que en definitiva termina dilatando los tiempos del proceso. Hay que trabajar en simplificar estas barreras, pero fundamentalmente desde las instancias de gobierno judicial para que pueda advertirse un impacto real. Por ejemplo, continuar reorganizando estructuras con mayor flexibilidad en su labor, desformalizando y simplificando en tiempo trámites, y evitando su reproducción, analizando las distintas demandas que hay que atender porque no todas son iguales y no todas significan hacer pronto el juicio oral (al que llegan una ínfima cantidad de casos), muchos justiciables requieren otro tipo de respuestas rápidas, que son igualmente importantes. No se puede pensar la actuación judicial como la de una serie de oficinas autónomas que sucesivamente van adoptando decisiones según su competencia legal sin atender a quien (modelo burocrático), sino como una instancia pronta y pública de resolución de conflictos para el ciudadano a quien deben atender, oír, comunicar lo que sucede permanentemente (modelo democrático); lo importante debe ser el conflicto que se trae a tratamiento, no el trámite.

4) Hay mejoras sensibles sobre todo desde el punto de vista normativo, pero es otra deficiencia organizativa y cultural importante. En líneas generales, la organización judicial sigue siendo centralizada, los edificios de tribunales están situados en sectores céntricos y el horario de atención al público -más allá de que siempre hay oficinas de turno- es sólo de mañana. Fuera de experiencias puntuales, no hay programas de difusión de derechos para que la gente conozca qué puede reclamar, cómo y dónde. Esto genera serias deficiencias que recaen, obviamente, sobre los sectores más vulnerables de la población. Es necesaria la descentralización barrial de oficinas, la instauración de casas de justicia, la potenciación de sedes de atención específica (víctimas y familiares, familiares de detenidos, testigos, etc. etc.) con profesionales de distintas disciplinas; convenios con otras instancias del Estado, con las colegiaciones e instancias de la comunidad. En fin, programas que permitan hacer efectivo el mandato constitucional de acceso a la Justicia.

Juan Facundo Gómez Urso, juez

1) Depende de dónde situemos el baremo del concepto "juventud". Si arbitrariamente lo ubicamos en los 35 años, considero que la juventud tiene como desventaja, grave desventaja, la falta de reflexión, el ímpetu, la inexperiencia (no sólo jurídica, sino frente a situaciones fácticas e intersubjetivas), la insolencia en algunos casos, la soberbia y la prepotencia.

Como ventaja podría señalarse la fuerza propia de la edad que podría llevar (no ocurre ni en la mitad de los casos) a capacitarse, a prepararse y a trabajar con mayor dedicación (repito, ello no sucede ni en la mitad de los casos).

Quienes sostienen el paradigma "que lo nombren y después aprende", similar al "echemos a andar el carro que los melones se acomodan solos", no entiende ni advierte la dimensión de los conflictos que debe resolver todo operador judicial en el campo penal. Lo peor es que los que no saben no aprenden más.

2) Bajo, muy bajo, salvo, como siempre, contadas excepciones. El objetivo es el nombramiento para cobrar un sueldo seguro. El destino de ese sueldo pocas veces se relaciona con libros o con cursos de capacitación.

El nivel universitario es un claro ejemplo de ello.

3) Plazos fatales para resolver en los órganos superiores (Cámaras, Tribunal de Casación, etc.), que es donde más demoran las causas.

Observatorios que auditen y controlen los horarios de los operadores y el cumplimiento de los plazos.

Transformación de la mentalidad de los operadores judiciales mediante academia y capacitación.

4) Está cerca para seleccionarlos, pero lejos para comprender su realidad. El sistema penal capta hechos burdos y toscos (robos en tentativa, homicidios grotescos) cometidos por personas vulnerables, nunca hechos de cuello blanco o asesinatos cometidos por sicarios o por el narcotráfico (muy comunes hoy en Argentina), menos aún desvíos o apoderamiento de caudales o dineros públicos que, al igual que una 9 mm., causan la muerte de todos aquellos que no pueden ser atenidos en los hospitales, de quienes no acceden a los medicamentos que nunca se compraron, etc.

Natalia Castro, defensora oficial

1) Considero que no es un tema etario. La Justicia hoy necesita de un cambio cultural y voluntad real de compromiso por parte de los operadores judiciales.

A lo largo de los años me he cruzado con mucha gente ?joven?, pero con pocas ansias de generar cambios principalmente personales que sin duda repercuten en lo funcional y, por el contrario, mucha gente ?mayor? que aún sin haberlo previsto, han puesto en práctica verdaderas transformaciones y hoy lideran movimientos que pretenden visibilizar los problemas que padece la Justicia.

2) En el ámbito federal, hay cambios profundos en el ingreso y en este punto la Defensoría General de la Nación fue pionera al disponer el acceso democrático a la justicia. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, aprobó el ?Reglamento para el ingreso de personal al Ministerio Público de la Defensa? en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 26.861 (2013) de ?Ingreso igualitario y democrático al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación?, mediante la cual se fijó el mecanismo de concurso público para ingreso de personal.

Se están efectuando también una serie de capacitaciones que se orientan a generar estas transformaciones que hoy demanda la sociedad, con el objetivo de proporcionar a los aspirantes a la magistratura una formación de alta calidad y actualización permanente, necesaria para el adecuado ejercicio del rol que desempeñamos los integrantes del sistema de justicia.

Como defensora pública oficial, me enfrento a constantes reclamos por reconocimiento de derechos de los sectores sociales más vulnerables que concurren a diario a la sede de la Defensoría (salud, pobreza, privados de libertad, etc.).

Sin embargo, observo que existen innumerables operadores judiciales que siguen ignorando lo que le pasa a la gente, que no se acercan a conocer verdaderamente las necesidades de los grupos vulnerables que requieren de nuestra asistencia.

3) Que aún así se puedan respetar todos y cada uno de los derechos y garantías constitucional y convencionalmente reconocidas tanto para quienes resulten involucrados en una causa penal como partícipes de un hecho delictivo, como de las víctimas. Creo que este punto ha de ser siempre el norte?

4) Considero que es un tema que requiere de manera urgente una verdadera transformación. Son nuevos desafíos que enfrenta la administración de justicia frente a las demandas de la sociedad. Hay que revalorizar a la administración de justicia como servicio público y, en ese marco, la concientización de todos los operadores en torno al rol social que se cumple diariamente en nuestras funciones.