SALTA.- A partir de una coordinación entre la Procuración General de la Provincia y los sectores de Asesorías Letradas del Instituto Provincial de la Vivienda, comenzaron a remitirse al fiscal de turno los antecedentes sobre las irregularidades detectadas. Los investigados son algunos de los adjudicatarios de viviendas que no cumplieron con el IPV.Los problemas, en principio, fueron descubiertos en el Complejo Valdivia y El Huaico.

Los supuestos ilícitos surgieron luego de puntillosas inspecciones realizadas por el Instituto Provincial de la Vivienda.Como resultado de la primera remisión de documentación, la agente fiscal penal Nº 3, Emma Puente, promovió acción penal por el delito de fraude a la administración pública, en contra de dos adjudicatarios de viviendas, al considerar que éstos habrían violado los deberes que les pesaban en relación con la prohibición de disposición de los inmuebles que, hasta ese momento, eran bienes del Estado, excediendo con ello las facultades conferidas mediante la ejecución de actos no permitidos.A criterio de la Fiscalía, quedaron perjudicados los intereses patrimoniales confiados por el Estado a través del IPV.

Desde la Procuración General se hizo saber que existe un importante conjunto de antecedentes similares que durante los próximos días serán remitidos a la Fiscalía penal para que sean objeto de un idéntico tratamiento.

Cabe destacar que las causas sobre las viviendas sociales alquiladas no tiene aún juez, pero eso no es obstáculo para que las actuaciones del fraude al Estado prosigan su proceso investigativo por parte de la Fiscalía.

Está instancia judicial se encuentra en permanente contacto con las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda que siguen enviando los legajos de otras supuestas irregularidades.