Se presentará ante la Justicia contra los miembros de la Asamblea de Gualeguaychú, que mantienen la interrrupción.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, fue el encargado de dar a conocer la postura oficial y recalcó su rechazo a las "actitudes radicalizadas" que llevan adelante los manifestantes.
El planteo del Gobierno tiene que ver con la intención de amedrentar a los ambientalistas para que abandonen el lugar por su cuenta, sin la necesidad de recurrir a la represión, lo que generaría un considerable costo político para la gestión kirchnerista.
Después del fallo de la Justicia que se conoció anoche, en el que se instaba al Gobierno a cumplir con una sentencia previa para garantizar el libre tránsito en la ruta 136, la presidenta Cristina Fernández convocó al mediodía a una reunión en la Residencia de Olivos para definir la estrategia.
Allí, dialogó con Aníbal Fernández, Alak, y el titular de Gendarmería, Héctor Schenone, para discutir la postura oficial frente a la orden de desalojo y se decidió presentar un escrito ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay como "querellante" en la causa.
Aníbal Fernández señaló que se presentaron presentó las denuncias penal y civil "con nombre y apellido contra aquellos que con su conducta han permitida por acción o por omisión la comisión de delitos", aunque no dio el listado.
Según precisó durante un informe ante la prensa, la denuncia penal es por la violación de los siguientes artículos del Código en la materia: entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito.
La presentación incluye también atentado al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentado al orden constitucional y la vida democrática, sedición, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento.
En tanto, la denuncia civil es porque esas personas "generaron el cierre de centenares de negocios, perdida del trabajo del transporte, del turismo y de exportaciones e importaciones, de obstrucciones que impactaron en los pueblos aledaños, de imposibilidad de movimientos de productos argentinos colocados en el Uruguay y de la compra de productos uruguayos que necesitan los argentinos".
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