El titular de la OMIC, Martín Boragno, anunció que desde una ONG barrial se presentará un recurso ante la justicia federal • El doctor Marcos Aguilar, letrado de la entidad, opinó que el aumento es ‘claramente inconstitucional’.
Boragno puntualizó que la Unión Fomentista Mercedina, presidida por Edmundo Tino Rodríguez, se presentará a la justicia con el patrocinio del doctor Marcos Aguilar.
En el encuentro el doctor Aguilar explicó que está abocado a estudiar la cuestión jurisprudencial con el fin de reclamarle ante la Justicia Federal que otorgue una medida cautelar que ponga un freno a la exigibilidad del pago de las facturas hasta tanto se defina la cuestión de fondo. “Entiendo que el aumento retroactivo es contrario no solo a lo normado en la ley de defensa al consumidor, sino también en principios del Código Civil y –por sobre todas las cosas- en derechos constitucionales e incluso supra constitucionales como el derecho de propiedad”, explicó el letrado quien le graficó a los vecinos que lo que sucede con este aumento retroactivo es como “si fuésemos a comer a un restaurante, pedimos un plato que cuesta 10 pesos y cuando viene la cuenta lo cobra 20. Cuando pedimos explicaciones nos dicen: el aumento lo decidimos mientras usted comía”, dijo.
El joven letrado mercedino entiende que –para no complejizar la presentación- ahora reclamará solamente por el aumento energético aunque luego comenzaría a trabajar en una acción judicial similar por el aumento del gas. “Es claramente inconstitucional que se pretenda establecer un impuesto por decreto”, dijo.
Pagar o no pagar
Aguilar explicó que la medida cautelar busca frenar la exigibilidad del pago de las facturas ya emitidas y –en algunos casos- vencidas. “Lo que buscamos con la acción es que la justicia le brinde una protección judicial a los consumidores, esto es, que una vez receptada la medida cautelar la empresa no pueda cortar el suministro de energía eléctrica a quienes no abonen la factura”.
Interrogado sobre que sucede mientras se llega a esa instancia judicial, Aguilar afirmó: “no queda otra opción que abonar la factura dejando expresa constancia que la misma se realiza en disconformidad y haciendo reserva de reclamar los importes indebidamente e ilegalmente facturados”.
Marcos Aguilar confía en poder estar realizando la presentación a mediados de esta semana, a partir de allí ya será decisión de la justicia en cuya celeridad también confía el letrado.
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