De esta manera, las ONG se preparan para la audiencia de conciliación fijada para el 18 de octubre por el juez civil Claudio Soto, en el amparo por la accesibilidad al transporte público en Santa Rosa. En esa audiencia participarán las ONG, la Municipalidad y la empresa. Le dio vista al Ministerio Público Fiscal, representado por una defensoría para que represente el interés público. Además, el juez, a través de edictos en los diarios, convocó a otros sectores sociales y particulares a que se presenten.

Además de la Fundación ACCIÓN, se presentaron la Asociación Caleuche, LIPEBI, LIPADI, la Fundación Madre Teresa y CADAD.

Por su parte, el abogado Nicolás Romano, patrocinante del amparo, dijo que “no es que dieron la razón. Admite la posibilidad de discutir el tema. Manda a citar a las partes, al Ministerio Público Fiscal. Ya se publicó un edicto y el domingo se publica otro para que otros interesados, sectores sociales o particulares se presenten‘.

Romano dijo que “la audiencia se fijó, es obligatoria, más allá del proceso”. Destacó que la decisión del juez les otorgó un legitimidad para “presentar el interés colectivo, en el marco de la ley de amparo, para poder representar del 12 al 14% que tiene discapacidad. Pero también pueden ir quienes tengan movilidad reducida como jubilados, personas mayores”.

El abogado dijo que “lo interesante es que toma el rol de componedor de la situación. Esto es de llamar a una audiencia”.

Romano destacó la excusación de la jueza Susana Fernández: “Para mí es importante porque la jueza se excusa por ser parte del colectivo de personas con discapacidad. Es muy interesante lo que ella plantea porque en esa excusación se está afirmando que hay un interés colectivo”, en el tema de la alta de accesibilidad.

Horacio Alí

El presidente de la Fundación ACCIÓN, Horacio Alí (representante de las ONG de la Zona Patagónica al Consejo Federal p/personas con discapacidad), dijo que “nosotros estamos conformes con que el juez haya aceptado el amparo. Nosotros nos presentamos como ONG dedicadas al tema de la discapacidad, después los demás se presentarán por otros sectores”.

“Nos parece perfecto que se involucren los otros actores como la Cámara de Diputados, el INADI y los organismos de derechos humanos. Esto no es un tema de discapacidad, sino de accesibilidad a la vida, no es solo una cuestión de transporte”, remarcó Alí.

Afirmó que “ahora nos vamos a empezar a dar cuenta cómo funciona, dónde está el poder, cuando nos encontremos las partes. Cuando nos juntemos vamos a conocer que el poder económico lo tiene la empresa. En definitiva, vamos a quedar las ONG discutiendo con la empresa. La Municipalidad va a tener que decir de qué lado está”.

Alí dijo que “a este Gobierno lo elegimos para que nos defienda, nos ayude a vivir mejor en la ciudad que elegimos para vivir. Deberá resolver (la autoridad municipal) si van a estar del lado de los vecinos o del lado de la empresa”.

“No se puede tomar la opción empresarial como la que corresponde, la que se tiene que hacer. No se puede aceptar una combi porque le cierra las cuentas a la empresa”, dijo Alí con desencanto por la actitud de las autoridades municipales.

Alí dijo que “de ninguna manera. Las ONG no empezamos esto como un caso contra la Municipalidad. Hicimos aportes para el pliego. Estamos a favor de los derechos de las personas con discapacidad, no contra nadie”.

Además recordó que desde el año 2008, la Convención para las personas con discapacidad de la ONU, del año 2003, tiene la adhesión de la Argentina. “En esa convención hay un protocolo facultativo que establece la serie de pasos que tenemos que dar para una presentación internacional. Esa convención es la primera de derechos humanos del Siglo XXI. Hay que cumplirla”.