Aseguran que "sólo en la ciudad de Buenos Aires un millón de vecinos vive en condiciones habitacionales indignas". El comunicado emitido por la agrupación organizadora “convoca al acampe a todas las organizaciones para enriquecer las demandas a plantear. Nos reunimos en asamblea de lunes a viernes a las 19 hs. y los sábados a las 13:30 hs. en el acampe" frente al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) para que “por ley de soluciones habitacionales, dado que no ejecuta el presupuesto asignado, derivando funciones propias y presupuesto a Corporación del Sur y a la Unidad de Gestión Integral Social (UGIS) con cajas negras dirigidas por personajes favorecidos y respaldados políticamente”.

Asimismo, especificaron que en la actualidad existen un millón de familias que necesitan una vivienda, por lo tanto esperan que se concrete “un Plan de Viviendas Populares: Que los Gobiernos de la Nación y Ciudad construyan como prometieron al desalojar el Indoamericano en diciembre de 2010. Basta de Desalojos, suspensión inmediata de los mismos. Por una ley de Emergencia Habitacional con programa y presupuesto real".

Además, afirman: “Sólo en la ciudad de Buenos Aires un millón de vecinos vivimos en condiciones habitacionales indignas, hacinados, en villas, asentamientos, hoteles, pensiones, casas ocupadas, monoblocks que se caen a pedazos, o directamente en la calle. Aquí nosotros realizamos nuestro trabajo cotidiano, criamos a nuestros hijos, generamos lazos con vecinales, proyectamos el futuro y nuestras esperanzas. Ante la emergencia habitacional la política del macrismo es el desalojo de 15 mil familias por año, en promedio tres desalojos diarios en la ciudad, con la complicidad de jueces que valoran más la propiedad privada que la vida humana".

”El boom inmobiliario construye torres inalcanzables para los trabajadores, encarece la tierra convirtiendo a los barrios obreros -que en definitiva somos los que generamos la riqueza en esta ciudad- en vidrieras turísticas. Esta emergencia habitacional incluye a los miles de inquilinos que todavía pueden acceder a un alquiler formal. Sin embargo, los gobiernos no enfrentan, no solucionan, ni reconocen esta realidad. La única política oficial tiene como finalidad la expulsión de los trabajadores y los sectores humildes de la ciudad", agregan.

También recalcan que "el tobogán social arrastra a las familias desde el alquiler de un departamento, a una pieza de hotel, a una villa, hasta culminar en la calle; producto de la inflación que modifica los alquileres, la ambición inmobiliaria dolarizada, y las condiciones exigidas imposibles de cumplir. De cara a esto, el gobierno no actúa cuando tiene que urbanizar las villas, legislar sobre las viviendas ociosas, concretar créditos hipotecarios accesibles, construir viviendas sociales disponiendo de los terrenos propios, y no, saliendo a rematarlos o regalarlos como intento hace dos años el Instituto de Vivienda de la Ciudad. El Gobierno subejecuta el presupuesto en áreas sociales mientras que lo sobre ejecuta en áreas represivas, subsidia a la educación privada, otorga favores a empresas amigas y/o familiares y trata de privatizar la salud así como a la cultura".